Lima, Perú.– El Gobierno de Perú anunció este viernes que impulsará una iniciativa ante la Organización de Estados Americanos (OEA) para modificar la Convención de Caracas de 1954. La medida surge en medio de una creciente tensión diplomática con México, país que otorgó asilo político a la ex primera ministra peruana Betssy Chávez.

Perú argumenta que el derecho al asilo ha sido “tergiversado” y que, en los últimos años, se ha hecho un “uso indebido” de la norma al “calificar a delitos comunes como casos de persecución política”.

Consulta Previa al Salvoconducto

La Cancillería peruana, a través de un comunicado, informó que iniciará un proceso de consultas con otros países miembros de la OEA antes de tomar una decisión final sobre el salvoconducto que permitiría a Chávez salir del país rumbo a México.

” Se iniciará de inmediato un proceso de consultas con otros países miembros de la OEA para llevar adelante esta propuesta, cuyo objetivo central es que el imperio de la ley sea respetado por todos los habitantes de las Américas”, señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Chávez, quien fuera jefa de gabinete del izquierdista presidente Pedro Castillo (2021-2022), enfrenta un juicio bajo acusaciones de rebelión y conspiración por su presunta participación en el fallido intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.

Malestar y Denuncia de Desnaturalización

Perú manifestó su “profundo malestar y rechazo” por la decisión de México. La postura de Lima es que Chávez no es una perseguida política, sino que está siendo juzgada por un presunto delito común, interpretando el asilo como una injerencia en asuntos internos.

La Convención de Caracas de 1954 impide otorgar asilo a procesados por delitos comunes, aunque faculta al Estado asilante (México) a calificar la naturaleza del delito. Perú considera que esta práctica “desnaturaliza la esencia de la Convención”.

Esta situación de conflicto se suma a una postura similar que llevó a la ruptura de relaciones diplomáticas entre Perú y México, país que no reconoce la legitimidad del gobierno de la entonces presidenta Dina Boluarte.