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Pide Alianza Cívica revocar mandatos

  Por Ernesto Acosta

Publicado el miércoles, 10 de marzo del 2010 a las 16:00


En la reforma electoral, Alianza Cívica propone reducir los gastos de campaña hasta en un 50% y ampliar las facultades

Saltillo, Coah.- En la reforma electoral, Alianza Cívica propone reducir los gastos de campaña hasta en un 50% y ampliar las facultades a los observadores electorales, así como reducir los porcentajes de firmas para solicitar el plebiscito y referendo.

Además, propone que los resultados de las consultas populares sean vinculatorios con las autoridades que les corresponda e incluir en la Constitución local la revocación del mandato y su regulación en la Ley de Participación Ciudadana del Estado.

En la reforma electoral del 2001 se introdujeron las figuras del plebiscito, el referendo y la iniciativa popular, con su regulación en la Ley respectiva, en la que a su vez se agregaron otros instrumentos, como la audiencia pública y la consulta popular, sin embargo, los actuales requisitos para su aplicación prácticamente son inalcanzables.

Nelly Herrera Rodríguez, dirigente de Alianza Cívica, explicó que actualmente se pide un 3% de apoyo del listado nominal para solicitar este tipo de ejercicios, lo que significa recabar más de 55 mil firmas, y para su votación se exige la participación del 20% de los electores, es decir, se requieren más de 360 mil ciudadanos.

El organismo ciudadano pide un 0.5% de firmas del listado nominal, alrededor de 9 mil electores, para solicitar la aplicación de estas figuras, ya que sólo así pueden llevarse a la práctica.

En materia de financiamiento, AC propone reducir los factores de cálculo para que no sea con base en el listado nominal, sino de acuerdo con la votación global de la elección inmediata anterior.

También piden establecer candados para garantizar el respeto a la equidad de género en la conformación de los congresos y evitar más casos de “juanitas” y que no haya simulaciones.

Herrera Rodríguez dijo que también plantean diseñar instrumentos de control para impedir la compra y coacción del voto. También, que el financiamiento privado se reduzca un 50% sobre lo autorizado de financiamiento público.

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