Ciudad de México.- César Duarte, ex Gobernador de Chihuahua, promovió un juicio de habeas corpus ante una corte federal de Florida para impugnar su inminente extradición a México, donde será procesado por cargos de asociación delictuosa y peculado de 96.6 millones de pesos.

La demanda fue presentada el 13 de diciembre ante la Corte para el Distrito Sur de Florida, una de cuyas juezas, Lauren Louis, certificó el pasado 8 de noviembre que la solicitud de México cumple los requisitos del Tratado de Extradición entre ambos países.

El habeas corpus es un juicio con cierto parecido al amparo mexicano por el cual Duarte puede cuestionar la constitucionalidad de las leyes que fueron aplicadas en su juicio de extradición o la forma en que fueron interpretadas, e incluso pedir una suspensión para tratar de que el resto de su proceso se lleve en libertad.

La demanda de Duarte fue turnada a José E. Martínez, otro juez de la misma Corte, quien hasta ahora no ha dictado alguna orden. La entrega del ex Gobernador priista a México podría retrasarse durante meses si esta nueva demanda es admitida y litigada en todas sus instancias.

Los documentos que las partes presentan en un habeas corpus, por regla general, no pueden ser consultados por el público, a diferencia de la práctica en el resto de los juicios ante tribunales estadounidenses, por lo que se desconocen los argumentos y las peticiones presentadas por los abogados de Duarte.

Las autoridades demandadas en el habeas corpus son el Secretario de Estado, Anthony Blinken, quien ya autorizó o estaría por autorizar la extradición una vez que la Jueza Louis emitió su certificación; el Procurador General de Estados Unidos, Merrick Garland, y el Director del Centro de Detención Federal de Miami, donde Duarte ha estado recluido desde su arresto en julio de 2020.

Hasta ahora, las autoridades no han contestado la demanda de Duarte, de 58 años de edad, pero el Fiscal federal Jason Wu, que llevo el caso ante la Jueza Louis, se dio de alta este miércoles como el encargado del nuevo juicio.

Duarte acompañó su demanda con una opinión del abogado mexicano Javier Mijangos y González, un especialista en litigio estratégico y derechos humanos, que ha promovido amparos por temas como el rediseño del espacio aéreo para el nuevo aeropuerto en Santa Lucía, y fue secretario del Ministro Arturo Zaldívar en la Suprema Corte de Justicia.

Una de las sentencias en las que Mijangos participó en la Corte fue la que propuso liberar a la francesa Florence Cassez, condenada por secuestro, con el argumento de que la exhibición mediática a la que fue sometida durante su detención vició todo el proceso penal en su contra.

Para la Jueza Louis, México aportó suficiente evidencia de que Duarte desvió recursos públicos para beneficio personal durante su mandato entre 2011 y 2014.

“ Pruebas que rastrean el dinero desviado para uso personal, como las cuentas de American Express de la esposa de Duarte, un fideicomiso de la pareja o para el pago de sus impuestos personales, proveen evidencia circunstancial de que Duarte intentó privar al Estado de Chihuahua de los fondos, y que lo hizo para beneficio propio”, afirmó la jueza.