Ciudad de México.- La presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez en la Cámara de Diputados, Verónica Juárez Piña, pidió a la PGR y al DIF nacional y estatales informar sobre la población rescatada en el albergue La Gran Familia.

La legisladora del Partido de la Revolución Democrática (PRD) consideró indispensable conocer cuál es el estado en que se encuentran todas y cada una de estas personas.

Recordó que en meses pasados la opinión pública en nuestro país a través de medios de comunicación fue testigo de un operativo federal encabezado por la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena).

Mediante esta acción fueron rescatadas más de 500 personas la mayoría de ellas menores, quienes estaban privadas de su libertad en la casa-hogar ubicada en el municipio de Zamora, Michoacán, presumiendo que eran víctimas de abusos sexuales y psicológicos de personal adscrito al albergue.

Señaló que informes de la Procuraduría General de la República (PGR) revelaron que en el lugar de los hechos fueron rescatadas en ese momento 174 niñas de entre tres y 17 años, así como 278 niños del mismo rango de edad. También 138 mayores de edad de entre 18 y 40 años y seis bebés que oscilan entre dos meses y dos años de edad.

RECABAN INFORMACIÓN SOBRE LAS NIÑAS

Las autoridades recabaron diversas declaraciones de testigos y víctimas que tuvieron relación con el albergue La Gran Familia

Por ello la autoridad se dio a la tarea de recabar información sobre la procedencia de estas niñas, niños y adolescentes que serviría para que el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF) nacional y estatales, realizarán la reintegración a sus respectivas familias.

Una vez a salvo, agregó, las autoridades recabaron diversas declaraciones de testigos y víctimas que tuvieron relación con el albergue La Gran Familia y refirieron haber sido víctimas de diversos delitos, abusos físicos y psicológicos.

Así como obligados a pedir dinero en casas y calles, ser alimentados con comida en mal estado, dormir en el suelo y con la prohibición de abandonar las instalaciones.

Entre los probables delitos que se consideraron fueron lesiones, abuso sexual, privación ilegal de la libertad y trata de personas de algunos miembros del albergue.

Es de destacar que seis trabajadores del albergue, entre maestros y supervisores, fueron enviados a prisión acusados de privación de la libertad, delincuencia organizada y trata de personas.

La directora Rosa del Carmen Verduzco quedó libre de responsabilidad penal por la argumentación de su deterioro físico y mental, pese a que se acreditó su presunta responsabilidad en al menos tres delitos federales.

Consideramos que los espacios de cuidados alternativos no son los ideales para el desarrollo de las y los menores de edad de hacer uso de ellos”.

Estos deberán contar con supervisión y vigilancia institucional para evitar que la población infantil sufra de violencia, maltrato y estigma social, ya que es frecuente encontrar instituciones que acogen a niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad”, agregó.

También, abundó la perredista, en muchos casos brindan sus servicios con recursos limitados y generalmente no proporcionan a la población bajo su resguardo atención, afecto y cariño necesario para su desarrollo integral.

Por ello, comentó, resulta preocupante la información en la que se indica que a seis meses del cierre del albergue “La Gran Familia” nuevamente se denuncia el regreso de Rosa Verduzco, “Mamá Rosa”, con uno nuevo en Zamora, Michoacán, donde se presume tiene al menos a ocho personas.

“A decir del secretario de Gobierno en la entidad, Jaime Darío Oseguera Méndez, la autoridad estatal no ha otorgado ningún permiso para que opere este sitio”.

La presidenta del DIF en Michoacán, Katherine Rose Ettinger, dijo que la dependencia no puede intervenir, ya que en el nuevo albergue presuntamente abierto, no hay menores.

La petición del informe es un nuevo llamado a regular el funcionamiento de instituciones que brindan el acogimiento o los cuidados alternativos para que lo hagan respetando y protegiendo los derechos humanos de las niñas y los niños.

Consideró que el acogimiento residencial o institucional debe ser considerado como una medida extrema, sólo utilizable cuando se hayan agotado todas las medidas anteriores y se deben de brindar siempre bajo la constante supervisión del Estado.

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