Ciudad de México.- El Gobierno de México solicitó a Estados Unidos la orden de detención provisional con fines de extradición de Víctor Manuel Álvarez Puga, para que sea juzgado por los delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal.

Al mismo tiempo, un juez en materia migratoria de Florida definirá el próximo 12 de noviembre si el empresario debe o no ser deportado a México, por no acreditar su estancia legal en la Unión Americana, aunque esa decisión será apelable.

La FGR informó que el esposo de Inés Gómez Mont tiene dos órdenes de aprehensión vigente, una por delincuencia organizada y lavado y otra por defraudación fiscal.

De acuerdo con la dependencia, con base en los mandamientos de captura, la Oficina de Policía Internacional Interpol giró una ficha roja contra el chiapaneco para que sea buscado en 196 países, la cual se mantiene vigente.

“Por otra parte, la Fiscalía Especial para Asuntos Internacionales de la FGR solicitó, en su momento, a la Secretaría de Relaciones Exteriores, el trámite ante las autoridades estadounidenses para obtener la detención provisional con fines de extradición en este caso”, indicó la FGR.

“Desde el 17 de octubre pasado, un Juez migratorio estadounidense determinó la deportación de dicha persona, ante lo cual sus abogados, en ese país, recurrieron esa orden de deportación, sobre la cual se pronunciará la autoridad, el próximo miércoles 12 de noviembre”.

Agentes migratorios detuvieron el pasado 24 de septiembre a Álvarez Puga y lo internaron en el Centro de Procesamiento Krome North en Miami, donde él y su pareja han tenido varias propiedades de lujo.

El 2 de octubre, Álvarez Puga promovió ante la Corte para el Distrito Sur de Florida una demanda de habeas corpus, una figura similar al amparo en México para pedir su liberación.

En ese expediente, se detalla que Álvarez entró a Estados Unidos con visa de turista el 14 de enero de 2021, salió a las Bahamas por avión el 9 de julio de 2021, y regresó a Estados Unidos al día siguiente, pero en un barco.

Faltaban tres días para el vencimiento del plazo de seis meses de estancia que permite la vista.

A su regreso por barco, ningún oficial migratorio revisó la visa del presunto “facturero”, quien ha permanecido desde entonces en Estados Unidos.

Cuatro años más tarde, el ICE ordenó su arresto por haber ingresado a Estados Unidos sin haber pasado por un punto de inspección migratoria, como los aeropuertos.

Álvarez Puga también solicitó el asilo en Estados Unidos, con el argumento de que es un perseguido político.