Saltillo, Coah.- En concordancia con la política de transparencia y de seguridad que lleva a cabo el Gobierno del Estado, Rubén Moreira Valdez envió al Congreso la Iniciativa de Reforma a la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado y al Código Penal de Coahuila, a través de la cual se establece prisión, multa e inhabilitación a todo servidor público (desde el Procurador General de Justicia, el Comisionado Estatal de Seguridad Pública, o mandos de las fuerzas de seguridad estatales o municipales), que contrate a personal que no haya satisfecho la evaluación de control de confianza.

A nombre del Ejecutivo del Estado, el Secretario Técnico y de Planeación, Iván Garza, entregó el documento al Presidente de la Junta de Gobierno, José María Fraustro Siller, ante los titulares de las Comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Seguridad, Francisco Tobías Hernández y Shamir Fernández Hernández, respectivamente.

Al presentar el documento, el Secretario Técnico y de Planeación, dijo que el Gobernador Rubén Moreira ratifica, con esta determinación, la responsabilidad de vigilar la conservación del orden público, la tranquilidad, la seguridad pública y la prevención social de la delincuencia.

En ese marco, se recordó que actualmente se trabaja en la segunda fase de la evaluación de los estándares de control y confianza que se han aplicado al cien por ciento de los elementos de las fuerzas de seguridad pública.

Destacó, por otra parte, que es competencia del estado establecer Centros de Evaluación y Control de Confianza de acuerdo a lineamientos, procedimientos, protocolos y perfiles que determina el Centro Nacional de Certificación y Acreditación.

Por otro lado, agregó, se establece como requisito de ingreso y permanencia del personal de las distintas entidades de seguridad pública, el acreditar los exámenes de control y confianza correspondientes.

Su principal objetivo, abundó, es impulsar las evaluaciones respectivas entre este personal, por lo que es pertinente involucrar en mayor medida a los responsables de su contratación:

“Por ello, esta Iniciativa prevé sanciones a quienes contraten personal en las áreas de seguridad que no satisfagan los procesos de evaluación y control de confianza”, enfatizó.

Además, dijo, se incluye “en esta Reforma un nuevo tipo penal tendiente a sancionar con prisión, multa o inhabilitación a todo servidor público que contrate indebidamente personal de seguridad pública o procuración de justicia que no haya satisfecho la evaluación de control de confianza.

“O bien, a quienes con conocimiento de que un elemento en activo no ha acreditado la referida evaluación, no proceda a su destitución”.

Así, concluyó, el Gobernador Rubén Moreira refrenda su compromiso de contar con servidores públicos confiables en las áreas de seguridad y procuración de justicia, las cuales son indispensables para contar con un Estado de Derecho.

Por su parte, el Presidente de la Junta de Gobierno, José María Fraustro Siller, expresó que la Iniciativa de Reforma se turnará a la Oficialía de Partes de donde se canalizará a las Comisiones correspondientes para su análisis, discusión y, en su caso, aprobación correspondiente.