México, D.F.- Autoridades canadienses ampliarían la impunidad en la que ha actuado el dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Napoleón Gómez Urrutia, si otorgan la doble nacionalidad, pues tiene cuentas pendientes con la justicia, como responder a las denuncias por el presunto desvío de 50 millones de dólares de un fideicomiso minero, sostuvo el abogado de empleados que se han dicho defraudados, Agustín Acosta.

En entrevista subrayó que sería contradictorio que se quisiera dar garantías a “un delincuente de cuello blanco”, por lo que consideró que en pleno respeto a las autoridades de aquel país, deberían considerar autorizar la extradición de Gómez Urrutia.

Ayer, el abogado del líder minero, Marco Antonio del Toro, declaró que el gobierno de Canadá no le ha dado curso a la solicitud de extradición de Gómez Urrutia, porque los argumentos del gobierno de México no son creíbles para la rigurosa justicia de aquel país.

De ninguna manera, subrayó, este asunto represente un problema de la política interior de Canadá, cuyo gobierno ha encontrado que la solicitud y las gestiones de México no tienen ningún sustento legal.

Eso, continuó, “lo demuestra el hecho, que hemos comunicado a aquel gobierno siempre en su oportunidad, de que de 11 órdenes de aprehensión lanzadas contra Napoleón Gómez Urrutia, 10 de ellas las han echado abajo los jueces mexicanos, tras la defensa legal del Sindicato Minero, y en la que queda pendiente ya fue aceptado el recurso de amparo que se interpuso”.

Sobre el asunto, Agustín Acosta señaló que la realidad es que el líder sindical no ha librado la acción de la justicia mexicana, pues debe responder a varias denuncias, por lo que consideró que es mentira que sea un perseguido político, como él mismo, sus abogados y otros integrantes de la organización de trabajadores lo han querido hacer ver. “No es una víctima, es un delincuente y debe ser traído a México para que enfrente a las autoridades”.

Expuso que con excepción de uno que está pendiente, han sido rechazados los amparos que ha interpuesto Napoleón Gómez a través de sus abogados.

Por ello, reiteró, debe aplicarse la ley y el gobierno de Canadá debería tomar eso en cuenta.