Ciudad de México.- El actual esquema de coordinación fiscal entre las entidades federativas no contribuye a reducir las brechas de desarrollo regional, por lo que requiere ser actualizado, señala un análisis del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY).

El modelo vigente de asignación de recursos federales, indica el análisis, no reduce la desigualdad de oportunidades, lo cual se refleja en una baja movilidad social y un freno permanente al crecimiento económico y a la justicia y la cohesión sociales.

“ El principal gasto descentralizado, que consiste en la suma de participaciones y aportaciones federales, muestra una relación extremadamente débil con la movilidad social”, apunta.

“Se requiere de un esquema que asigne más recursos a los estados que están en mayor desventaja, para así reducir las diferencias en la movilidad social ascendente entre las entidades federativas”.

La proporción de población que nace en condición de mayor pobreza y no la supera, detalla, es de 86 por ciento en el sur del país y de 54 por ciento en el norte.

El CEEY propone fortalecer los criterios distributivos del gasto federal descentralizado para reducir las diferencias regionales de movilidad social y dedicar más recurso a disminuir las brechas.

Para ello, considera, se requiere una reforma a la Ley de Coordinación Fiscal para modificar las fórmulas de distribución actuales, tanto de las participaciones como de las aportaciones federales.

“ En cuanto a las participaciones, se debe acelerar la tendencia a igualar lo que reciben las entidades en términos per cápita, además de eliminar sus múltiples fondos”, indica.

“ Por el lado de las Aportaciones, se plantea una simplificación de los fondos que las conforman y el establecimiento de una distribución inicial que tome en cuenta la magnitud de los rezagos observados en los distintos ámbitos (educación, salud, infraestructura social y seguridad pública), así como de un mecanismo de distribución posterior que incluya un factor que premie e incentive el abatimiento de dichos rezagos”, plantea.

En el análisis sugiere también la creación de un Fondo Regional de Infraestructura Económica y Social para Zonas Rezagadas.

Para el CEEY, una medida necesaria para disponer de mayores recursos para reducir las brechas de desarrollo regional consiste en ajustar en profundidad la forma en la que se recauda el impuesto predial en México.

“ Se plantea un mecanismo de colaboración entre municipios, estados y federación, para que los segundos se encarguen de actualizar y mantener los registros catastrales, mientras que la federación sería responsable de la cobranza y de la distribución de los recursos obtenidos. Los recursos recaudados se podrían redistribuir entre los tres órdenes de Gobierno”, propone.