Saltillo

Publicado el jueves, 19 de noviembre del 2026 a las 17:56
Saltillo, Coah.- Luego de la publicación de la reforma a la Ley de Inversión Extranjera en el Diario Oficial de la Federación (DOF), industriales de la región Coahuila Sureste reconocieron la importancia de que el país cuente con mecanismos para proteger sectores estratégicos, al tiempo que pidieron garantizar la certidumbre de las inversiones.
“En regiones industriales como Coahuila, donde la participación del capital extranjero ha sido fundamental para la generación de empleos y el crecimiento económico, debemos procurar un equilibrio entre la protección de los intereses estratégicos del país y la promoción de la inversión productiva”, subrayó Arturo Reveles Márquez, presidente de la CANACINTRA Coahuila-Sureste.
El dirigente reconoció que la seguridad nacional y la apertura económica deben avanzar de la mano. Señaló que México necesita proteger sus sectores estratégicos, pero también mantener la confianza de quienes invierten, generan empleos y contribuyen al desarrollo industrial del país.
“México necesita seguir siendo un destino competitivo y confiable para la inversión nacional y extranjera. Por ello, será importante que los mecanismos de revisión y autorización no generen incertidumbre ni se conviertan en obstáculos para el desarrollo de nuevos proyectos, la expansión de las empresas y el fortalecimiento de las cadenas de suministro”, recalcó Reveles Márquez.
La reforma a la Ley de Inversión Extranjera, publicada este jueves 19 de noviembre de 2026 y cuya entrada en vigor está prevista para el 20 de noviembre, establece un nuevo mecanismo de revisión por motivos de seguridad nacional para adquisiciones extranjeras superiores al 49% en sectores estratégicos.
Entre otros aspectos, prevé la revisión obligatoria y la autorización previa de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras (CNIE) para adquisiciones directas o indirectas de más del 49% del capital social de empresas mexicanas que operen en sectores estratégicos, como infraestructura, energía, tecnologías críticas, telecomunicaciones, ciberseguridad o información sensible, siempre que sus activos superen el umbral que determine la Comisión.
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