Ciudad de México.- Directivos de universidades mexicanas solicitaron ayer que la próxima Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) no discrimine a creadores del conocimiento provenientes de instituciones privadas, brindándoles estímulos como miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI).

Realizaron el llamado después de que entrara en vigor la reforma al reglamento del SNI que despojó a mil 632 académicos del sector privado de la posibilidad de recibir el apoyo, y de cara al anteproyecto de Iniciativa de Ley del Conacyt, que se está creando.

“Los estímulos, y en general los proyectos que se pueden financiar, deben serlo en base a evaluaciones de pares y evaluaciones académicas de los planteamientos, las propuestas y los resultados esperados”, expresó William Lee, coordinador de Investigación Científica de la UNAM, en rueda de prensa.

“Un criterio administrativo, como el si es público o particular, no cabe en estos cajones. Me parece que es completamente contraproducente”.

Marisol Silva Laya, directora de la División de Investigación y Posgrado de la Universidad Iberoamericana, indicó que hay un grupo importante de universidades particulares que aporta a la formación científica y tecnológica, así como a la investigación humanística nacional.

“El 10 por ciento de los artículos que son publicados anualmente en revistas científicas de alto nivel (es escrito) por académicos de instituciones privadas”, dijo.

“Somos una academia altamente productiva que desde donde nos toca hacemos un esfuerzo por engrandecer el trabajo científico en México”.

La no discriminación es una de las 15 peticiones que los directivos esperan hacer llegar al Congreso de la Unión y que surgieron de las Jornadas de Reflexión sobre el Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación, encuentro efectuado el mes pasado en el que participaron más de 120 miembros del sector.

Algunas de estas ideas son opuestas al anteproyecto de Iniciativa de Ley de Conacyt, criticado por ser centralista y anclar la libertad de investigación y el financiamiento de las actividades científicas a los criterios gubernamentales.

Por ejemplo, Conacyt propone concentrar las decisiones en un Consejo de Estado que dicte la investigación humanística y científica, la innovación y el desarrollo tecnológico realizado en el País.

Mientras, las universidades piden adoptar un federalismo abierto y constructivo que favorezca la distribución de competencias y la coordinación para el funcionamiento del sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación.

Además, solicitan garantizar la participación de la comunidad académica y de los sectores privado y social en los distintos niveles de planeación, formulación y coordinación, así como elaborar un programa de prioridades a partir de problemas de urgente solución con base en opiniones de científicos, tecnólogos, innovadores y sociedad en general.

Otra de las propuestas de los académicos es asegurar un financiamiento estable para el trabajo intelectual, tecnológico y de innovación a partir de un porcentaje incremental del gasto público anual.

Piden un objetivo temporal a un mínimo del 1 por ciento del PIB, que es lo que marca la Ley.