Saltillo, Coah.- Un caso que recientemente perdieron la FGR y la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG) le hizo ganar al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) más de 968 millones de pesos a través de un acuerdo reparatorio.

El Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal de la Ciudad de México resolvió en última instancia cancelar el proceso contra 8 exfuncionarios del ISSSTE que fueron imputados de hacer un doble pago de 790 millones de pesos a una farmacéutica por contratos de materiales de curación y marcapasos.

Los magistrados del tribunal establecieron que ni la FGR ni la SABG ofrecieron argumentos jurídicos para siquiera presumir que los imputados incurrieron en los delitos de ejercicio indebido de servicio público y uso ilícito de atribuciones y facultades.

Sin embargo, lo que para la Fiscalía fue una derrota en un procedimiento penal, para el ISSSTE resultó en ganancia económica, pues desde el 20 de febrero de 2023 la proveedora implicada celebró un acuerdo reparatorio mediante el que pagó al Instituto un total de 968 millones 947 mil 674 pesos.

El acuerdo fue de cumplimiento inmediato y la empresa hizo dos transferencias bancarias, con lo cual el ISSSTE dio por resarcido el daño.

A pesar del pago de la empresa, el proceso penal contra los exfuncionarios siguió su curso; sin embargo, en diciembre pasado, la SABG perdió el amparo directo con el que pretendía revocar la no vinculación a proceso dictada a favor de los imputados.

El tribunal colegiado negó la protección de la justicia a la SABG y canceló en forma definitiva la indagatoria contra los imputados, un fallo con alcance de sentencia absolutoria, al estimar que no están acreditados los elementos del delito.

La lista de los exservidores públicos del ISSSTE que libraron el proceso son José Febo Trujeque Ramírez, exdirector Normativo de Procedimientos Legales; Javier Mejía Estañol, ex jefe de Servicios de Asuntos Civiles, y Sebastián López Herrera, ex jefe de Servicios de la Coordinación Administrativa.

También, Juan Carlos Larrieu Creel, subdirector de Infraestructura; Sandy Toledo Sánchez, ex coordinadora Administrativa de la Dirección Normativa de Procedimientos Legales, e Irma Merlos Merlos, ex subdirectora de Programación y Presupuesto.

Además, Marx Yazalde Ortiz Correa, ex subdirector normativo “B”, y el abogado Juan Daniel Álvarez Santillán, quien fuera el representante legal del ISSSTE en un litigio civil que originó este asunto penal.

Este caso tiene su origen en una demanda civil presentada el 14 de noviembre de 2018 por Selecciones Médicas del Centro, que es parte de Grupo Fármacos Especializados, una de las empresas favoritas de la Administración peñista para la compra de medicamentos.

La empresa demandó al ISSSTE por el incumplimiento de pagos de diversos contratos de servicios médicos, materiales de curación y marcapasos.

El 3 de octubre de 2019, el Juzgado Vigésimo Cuarto de lo Civil de la Ciudad de México condenó al ISSSTE al pago de 831 millones 302 mil 409 pesos.

Según la indagatoria, el 28 de enero de 2021 las partes firmaron el convenio de pago y finiquito, fecha en que el ISSSTE saldó el adeudo con un título de crédito del Banco HSBC.

En 2021 el ISSSTE denunció ante la FGR que los ex funcionarios habían hecho un pago doble de 790 millones 941 mil 458 pesos a la empresa, imputación que ahora ha quedado desacreditada.