Chihuahua.- La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, ha reforzado el compromiso federal con los pueblos originarios de la Sierra Madre Occidental al firmar dos nuevos decretos de restitución y reconocimiento de tierras como “Propiedad Comunal Tradicional”. Durante su visita el pasado 17 de mayo a Baborigame, Guadalupe y Calvo, la comunidad ódami de Mesa Colorada recibió 502 hectáreas, y la comunidad ralámuli de Mogótavo obtuvo 317 hectáreas. Estos se suman a los decretos previos en Mogótavo, que otorgaron mil 485 hectáreas a Guasachique y 693 hectáreas a Bosques, de San Elías Repechique.

Carlos Rivas Herrera, capitán general de la comunidad de Baborigame, expresó en lengua ódami su agradecimiento. “Tener certeza jurídica de las tierras que habitamos ha sido un sueño que por generaciones hemos tenido”, afirmó Rivas Herrera, destacando que estos documentos “reviven nuestras esperanzas de recuperar nuestras tierras de las que fuimos despojados”.

La administración federal ha puesto un énfasis inobjetable en la restitución de tierras, aunque es importante señalar si estos decretos son resultado de sentencias judiciales o de la voluntad presidencial. El Plan de Justicia para la región contempla acciones futuras en educación, creación de albergues, acceso a programas de bienestar y desarrollo de carreteras artesanales, además de futuros decretos de reconocimiento de tierras.

La Sombra de la Violencia en la Sierra Tarahumara

Pese a estos importantes avances en la restitución de tierras, una preocupación latente y sin mencionar en la agenda presidencial es la grave situación de violencia que azota la Sierra Tarahumara desde hace décadas. Llama la atención la ausencia de representación del Ejército o la Guardia Nacional en el séquito presidencial, especialmente después de reportes recientes de enfrentamientos armados del crimen organizado.

Dos días antes de la visita de Sheinbaum, el 15 de mayo, pobladores de Guachochi, Chihuahua, denunciaron tres enfrentamientos que incluyeron quema de vehículos y el hallazgo de 342 casquillos de armas de grueso calibre, según la Fiscalía General del Estado. Aunque no hubo víctimas mortales ni detenidos, las autoridades desplegaron un operativo conjunto.

Otro impacto devastador de la inseguridad es el desplazamiento forzoso de comunidades. Recientemente, grupos de desplazados denunciaron en la capital del estado que no se ha cumplido el Plan de Protección para garantizar asistencia humanitaria, detener el desplazamiento y asegurar un retorno seguro. Organizaciones como Alianza Sierra Madre han reiterado que la tala ilegal, la inseguridad, las amenazas y la violencia son las principales causas de estos desplazamientos.

Defensoras ambientales y territoriales de Coloradas de la Virgen, municipio de Guadalupe y Calvo, quienes viven desplazadas desde 2018 y son beneficiarias del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos, han presentado un amparo para que el mecanismo cumpla con el Plan de Protección aprobado.

La persistencia de la violencia en la Sierra Tarahumara plantea serias interrogantes sobre si la recuperación formal de las tierras garantizará a las comunidades un acceso seguro a los proyectos federales. El Plan de Justicia para la Sierra Tarahumara debe abordar integralmente la problemática de seguridad para asegurar una justicia plena y duradera para sus pueblos.