Sabinas, Coahuila. – Lo que inició como una tarde de recreación en la Colonia San Antonio se transformó en un caso de indignación tras la intervención de elementos de la policía municipal, quienes aseguraron la cuatrimoto de una menor de 9 años. El argumento oficial, según la denuncia de la madre, fue que el vehículo generaba “mucha polvareda” en un predio baldío donde la niña jugaba con otros menores.

¿Infracción a una menor? Los detalles del caso

El incidente se viralizó rápidamente debido a las inusuales circunstancias de la detención. Según el testimonio de la familia afectada, los oficiales no solo retiraron el vehículo recreativo, sino que procedieron a redactar una infracción administrativa. Lo que generó mayor desconcierto fue que la boleta de infracción:

– Fue emitida a nombre de la menor de 9 años.

– Señalaba la “falta de licencia de conducir” como motivo de la sanción.

La familia sostiene que la actividad se realizaba en un terreno particular o espacio baldío común, fuera de vialidades públicas y sin representar riesgo alguno para el tránsito vehicular o la integridad de terceros.

Indignación en redes: “Abuso de autoridad”

La noticia desató un intenso debate en plataformas digitales, donde la ciudadanía cuestionó el orden de prioridades de la corporación. Entre las reacciones más destacadas se leen críticas hacia el criterio de los uniformados:

” “¿Realmente amerita quitarle su juguete a una niña?” y “¿No hay delitos más graves que atender en la zona?”, fueron los cuestionamientos recurrentes que inundaron las redes sociales.

Muchos usuarios calificaron la medida como una extralimitación de funciones y una falta de sensibilidad por parte de los agentes involucrados, considerando que se trataba de una actividad recreativa infantil.

Silencio en el Mando Único

Hasta el momento, el Mando Único Policial, encabezado por Salvador Alejandro Rivera Rivera, no ha emitido una postura oficial para aclarar bajo qué marco normativo se procedió al decomiso del vehículo de juguete ni por qué se infraccionó a una persona que no tiene la edad mínima legal para ser sujeto de este tipo de trámites administrativos.

La ciudadanía y la familia afectada permanecen a la espera de una explicación que justifique el despliegue policial y el retiro del bien material, en un contexto donde se exige mayor enfoque en la prevención de delitos de alto impacto.