Monterrey, NL.- Pagos que van desde 7 mil hasta 60 mil pesos por persona ofrecen los “polleros” a choferes de tráileres para que trasladen a indocumentados hacia la frontera con Estados Unidos y los que acaban perdiendo son los empresarios, acusaron transportistas de carga.

En un sondeo entre empresarios del ramo, éstos aseguran que sus operadores suben a migrantes por su cuenta y los dueños del tráiler se enteran hasta que sus unidades son incautadas por las autoridades.

“Yo me di cuenta porque el año pasado me detuvieron tres unidades en diferentes tiempos, porque la Guardia Nacional descubrió a mis operadores con personas arriba”, expresó uno de los transportistas, que pidió omitir su nombre.

“Tuve que pagar 180 mil pesos para que me soltaran la unidad”, agregó.

“Hubiera sido más, porque es un delito federal, pero eso fue por debajo del agua, porque si no, además de la multa, el camión no lo sueltan como mínimo cuatro, cinco meses”.

Los empresarios señalan que los traficantes de indocumentados ubican a los camiones que siguen rutas desde el centro y sur del País hacia el norte.

Luego, abordan a los choferes en los paraderos, gasolineras, casetas, incluso cerca de los lugares donde cargan, para pedirles que suban a indocumentados.

El pago, dicen, va de 7 mil a 60 mil pesos por persona, según el número de migrantes y el destino hacia donde vayan, que puede ser Monterrey, Nuevo Laredo, Reynosa o Matamoros.

Según los transportistas, para los traileros es más factible evitar ser detectados porque, a través de Whatsapp, se alertan sobre zonas de inseguridad y puntos de inspección.

Cuando hay revisiones, los choferes bajan a los migrantes para que se escondan y más adelante se vuelven a subir, pues el camión avanza lentamente en la fila.

“No sé si es seguido (que ocurren estos casos)”, dijo otro transportista. “Igual algunos (choferes) han corrido con suerte y nunca los han detenido, y por ello no nos damos cuenta”.

Los empresarios urgieron a que, si hay una sanción, que sea contra los choferes, pues los transportistas terminan pagando dinero por un delito que no cometieron.