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Publicado el martes, 12 de mayo del 2015 a las 13:01
Saltillo, Coah.- Considerada como una de las mujeres más influyentes del país, María Elena Morera Mitre dijo que si los policías están asignados a labores de seguridad personal, de veladores o choferes particulares, “es un acto de corrupción en que incurren las autoridades”.
La presidenta de Causa en Común A.C. se refirió a la seguridad de servidores públicos, sus familias o empresarios, a los que luego les asignan elementos que pudieran encargarse de la prevención o de investigación delictiva.
“Eso es corrupción, es indebido. Si alguien necesita seguridad que la pague. Generalmente ese tipo de seguridad, la piden los amigos de servidores públicos, empresarios o gente que no justifica los despliegues, es corrupción.
“Porque los ciudadanos no tenemos por qué pagar esa seguridad”, insistió en entrevista para Zócalo Saltillo.
Un gasto público
La activista y quien hoy estará al frente de los trabajos del Foro “Sumemos Causas”, a efectuarse en la Facultad de Jurisprudencia de la UAdeC, sostuvo que a los habitantes les corresponde pagar la seguridad pública o la seguridad ciudadana a través de sus impuestos, “no nos toca pagarle la seguridad personal a cierto grupo de personas, porque eso es corrupción”.
Lo anterior, sobre la versión del secretario de Gobierno de Coahuila, Víctor Zamora Rodríguez, quien dio a conocer que ante la ola de robos que asolan a Saltillo, solicitó tanto al Director de la Policía municipal, como al alcalde Isidro López Villarreal, un informe de las actividades de cada efectivo, porque supuestamente están dedicados a realizar funciones que no deberían tener.
“Nos hemos encontrado que hay policías trabajando de secretarios, de intendentes y otras labores. La Policía que contrata el Gobierno tiene que ser para proteger a los ciudadanos”.
Cifra negra
María Elena Morera, cirujana odontóloga egresada de la Universidad Tecnológica de México, mencionó que en Coahuila y de acuerdo a las cifras de estudios recientes de Causa en Común, A.C., la cifra negra de robos es más alta de lo que parece.
Señaló que de cada 100 robos en todas sus modalidades que se cometen en el estado, la cifra de querellas registradas en las agencias del Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia no llega a 10.
La gente tiene menos confianza. La cifra negra nacional de 2011 a 2013 es de 91.6, y luego subió a 93.8, lo que quiere decir que hay más ilícitos, pero hay menos gente presentando su denuncia.
“Las autoridades tienen que atender a la gente y eso significa que el ciudadano no tenga que estar cuatro horas esperando a poner la denuncia, a que lo atienda el MP”, recalcó la también madre de familia.
Cultura de la denuncia
Morera Mitre sostuvo que la autoridad debe demostrar que hizo algo por investigar, o detener a los delincuentes y que las averiguaciones estén bien integradas.
La activista y quien es integrante del Consejo Nacional de Seguridad Pública, reveló que entre los delitos que menos se denuncian está el hurto en la calle, porque la gente siente que pierde el tiempo si acude a la Procuraduría.
Lo que se alega es que si las personas denunciaran, aún cuando no regresen sus pertenencias, las corporaciones sabrían cuál es el sector con más robos para desplegar operativos o labores de prevención.
Se avanza
En Coahuila, para la agrupación Causa en Común, A.C., reconoció que los esfuerzos del Estado para depurar y mejorar la Policía, han comenzado a dar frutos.
“Donde hace falta mejorar es en el régimen disciplinario. En la carrera policial están valorados con siete de calificación, no es lo mejor pero ahí van.
“Profesionalización tiene nueve de calificación y Coahuila está valorado con un siete en control de confianza, y en régimen disciplinario sacan uno de calificación, en una escala de cero al 10”.
Esto quiere decir que el Estado no tiene un Consejo de Honor y de Justicia para los policías y, explicó Morera, que si existe un problema de corrupción dentro de la Policía, quien investiga es el mismo que decide si se va o no.
“Son juez y parte. Es necesario mejorar para darle certeza a la población de que se está trabajando bien y dar credibilidad a la Policía”.
Finalmente, María Elena Morera sugirió a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila, dar un seguimiento a las quejas y recomendaciones que emite.
“No solamente se trata de señalar qué asuntos se deben mejorar en los cuerpos de seguridad de Coahuila, como los grupos élite, sino de obligar a que se enmienden las irregularidades expuestas por la población, asociar estos grupos con la población”, agregó.
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