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| Farías permanece en el penal del Altiplano desde su detención, ocurrida el 2 de septiembre de 2025 en Salina Cruz, Oaxaca. Foto: Especial

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Por opacidad de la FGR, ordenan reabrir investigación contra vicealmirante Farías por ‘huachicol fiscal’

  Por Agencia Reforma

Publicado el martes, 17 de marzo del 2026 a las 14:05


Ante negativa de FGR a dar acceso al expediente, jueza ordenó reabrir por tres meses la investigación contra el vicelamirante Manuel Farías

Ciudad de México.- Una jueza federal ordenó reabrir por tres meses la investigación complementaria contra el Vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna en la acusación en su contra por presuntamente dirigir una organización que controlaba el huachicol fiscal desde Aduanas.

Esto luego que la Fiscalía General de la República (FGR) se negara de forma reiterada a entregar a la defensa la carpeta completa del caso, consideró la impartidora de justicia.

La resolución fue emitida por la jueza Mariana Vieyra Valdés, del Centro de Justicia Penal Federal con sede en Almoloya de Juárez (Altiplano), tras una audiencia de tutela de derechos promovida por la defensa del mando naval.

A inicios de mes la jueza dio un plazo de cinco días a la FGR para darle a la defensa del Vicealmirante el acceso completo a la carpeta de investigación que lo mantiene preso en el penal del Altiplano, lo que no se llevó a a cabo.

Con esto, la juzgadora determinó que la negativa de la FGR a transparentar el expediente vulneró el derecho de defensa, por lo que ordenó permitir el acceso íntegro a la carpeta de investigación, entregar un inventario completo de tomos, anexos, discos y registros, además de facilitar la revisión de evidencia digital por peritos de la defensa.

La causa penal 325/2025 contra el mando naval estaba en etapa avanzada, pero la falta de acceso a las constancias clave impidió a los abogados preparar su estrategia, informó el despacho de Epigmenio Mendieta.

Con la resolución, el proceso regresa a fase de investigación complementaria por un periodo adicional de tres meses, lo que abre la puerta a una nueva revisión pruebas, cuestione actos ministeriales y eventualmente solicite nuevas diligencias.

La defensa ha solicitado de manera reiterada a la Fiscalía informar por escrito cuántos tomos, anexos, cuadernillos, técnicas de investigación y demás documentos integran la carpeta de investigación, con la obligación de entregar a la defensa la totalidad.

Este acceso deberá incluir la presencia de peritos particulares, quienes podrán acompañar a los abogados en la revisión del expediente, debiendo solicitar las citas correspondientes por correo electrónico o por escrito para que quede constancia formal de dichas solicitudes”, ordenó el juzgado desde el 4 de marzo.  

En su resolución, Vieyra puntualizó que dentro del plazo citado, la FGR deberá citar a la defensa para cotejar los tomos testados con los documentos originales y permitirle que revise la información íntegra para tomar sus notas.

Además, ordenó a la Fiscalía emitir los acuerdos pendientes de todos los actos de investigación solicitados por los abogados y remitir los respectivos oficios a la Secretaría de Marina y a la Agencia Nacional de Aduanas de México, diligencias que habían sido previamente solicitadas.

Derivado de diversas solicitudes de la defensa que no habrían recibido acuerdo formal de la FGR, Vieyra determinó un mecanismo de auxilio judicial para revisar de manera puntual el seguimiento de dichas peticiones.

Además, la defensa deberá informarle a la jueza todos los actos de investigación solicitados y la Fiscalía tendrá la obligación de reportarle cómo atendió cada uno de ellos, para que ella revise punto por punto la actuación de la FGR.

El Vicealmirante fue detenido el pasado 2 de septiembre en Salina Cruz, Oaxaca, con base en una orden de aprehensión por delincuencia organizada, con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos, y desde entonces está preso en el penal del Altiplano.

Al también sobrino político del ex Secretario de la Marina, Rafael Ojeda, la FGR le imputa liderar una supuesta red de corrupción de marinos en las Aduanas que permitió el desembarque de 31 buques con huachicol fiscal en Altamira y Tampico, entre 2024 y 2025.

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