Ciudad de México.- El Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados propone no imponer límites para la participación de la Iniciativa Privada en la generación de energía eléctrica.

Previo a que el lunes la bancada de Morena presente en comisiones el dictamen sobre la iniciativa del Ejecutivo federal, diputados del tricolor plantean que se mantenga la competencia en el sector y que no se cancelen todos los contratos existentes.

“ La participación en la generación eléctrica del sector privado se sujetará a la planeación y control a cargo de los órganos reguladores de energía”, cita la propuesta, con lo que se rechaza que la Comisión Federal de Electricidad sea la que defina la política en el sector. La propuesta firmada por el diputado Marco Antonio Mendoza se desarrolla como una corrección a preceptos que presentó el Ejecutivo federal el año pasado y sobre la cual se prevé presentar el dictamen el próximo lunes.

No retoma la propuesta de poner un límite de 46 por ciento de participación de la iniciativa privada en la generación de energía, y otorgar al menos el 54 por ciento a la CFE.

Tampoco acepta el planteamiento del Ejecutivo de cancelar los permisos de generación eléctrica otorgados y los contratos de compraventa de electricidad, así como solicitudes pendientes de resolución.

Sin embargo, sí se incorpora el planteamiento de no reconocer contratos que violen la ley, que es uno de los principales argumentos de Morena para impulsar la reforma.

“ La generación procedente de las modificaciones a los permisos de autoabastecimiento que fueron entregados en contra versión a lo establecido en la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica, lo que constituye una ilegalidad, no será reconocida ni adquirida por la CFE. Igualmente, la generación excedente de los productores independientes de energía, derivada de permisos sobrepuestos al permiso original de la central, tampoco será reconocida”, cita la redacción retomada por el legislador del tricolor.

El diputado plantea reconocer en la Constitución el derecho a la energía eléctrica.

“ El Estado garantizará la energía eléctrica como un derecho humano de las y los mexicanos, y promoverá el abasto de la misma bajo los criterios de equidad social, productividad y sustentabilidad”, se propone.

También se le da prioridad a la transición energética con procesos que utilicen de manera sustentable “todas las fuentes de energía que dispone la nación”.

En comparación con la iniciativa presidencial, que señala que el Estado queda “a cargo” de la Transición Energética, el PRI plantea que el Estado “liderará” el proceso.

“ El Estado podrá otorgar concesiones o contratos con particulares siempre que se trate de energías limpias, sostenibles que atientan al derecho de un medio ambiente sano y permitan garantizar el derecho humano a la energía”.

También se precisa que la Comisión Federal de Electricidad, como empresa productiva del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, será responsable del Sistema Eléctrico Nacional y “liderará” la ejecución de la transición energética.

“ Corresponde a la Nación el control del Sistema Eléctrico Nacional consistente en generar, producir, transformar, distribuir y abastecer de energía eléctrica para garantizar el derecho humano a la electricidad”, señala la propuesta de Mendoza.

En el tema del litio, se menciona que éste y demás minerales considerados estratégicos para la Nación no se otorgarán concesiones.

En artículos transitorios se precisa que las concesiones ya otorgadas y en las que hay antecedentes de explotación de litio, “debidamente avalados” por la Secretaría de Economía, no le será aplicada la restricción.

En otra iniciativa, firmada por las diputadas Yolanda de la Torre y Ana Lilia Herrera, no elimina la prohibición de los monopolios, como sí lo hace la iniciativa presidencial.

“ El Estado garantizará a todas las personas el derecho humano de acceso universal a la energía eléctrica en forma suficiente, continua y segura a través de una tarifa social justa”, cita la propuesta de reforma al artículo 25 constitucional.

En el artículo 27 de la Constitución se precisa que el Estado “dirigirá”.

“ Utilizará de manera sustentable todas las fuentes de energía de las que dispone la Nación y considerará a los ciudadanos, el sector social, comunitario y privado, especialmente a las micro, pequeñas y medianas empresas, para implementar medidas de autoconsumo, autogeneración, autoabasto individual o comunitario”, refiere el texto propuesto, con lo que prevalece la participación de privados y no se contempla la cancelación de contratos, como propuso el Ejecutivo federal.

En el artículo 28, se plantea que la Comisión Federal de Electricidad hará partícipe en el proceso de la Transición Energética al sector social, comunitario y privado, especialmente las micro, pequeñas y medianas empresas, para el autoconsumo, autogeneración, autoabasto individual o comunitario de energía eléctrica.

En artículos transitorios, se señala que el Estado, a través de las dependencias y entidades correspondientes, instrumentará una política pública que dote los instrumentos necesarios para generar la energía eléctrica de autoconsumo, autogeneración, autoabasto individual o comunitario, “a fin de apoyar a la economía familiar y propiciar la disminución del costo de la energía eléctrica para los consumidores finales”.

Se deberán usar tecnologías que permitan que dicha política pública sea conforme a los estándares internacionales de energía no contaminante como la solar, biomasa, hídrica, geotérmica y eólica.

También se indica que se proveerá de los recursos necesarios en el Presupuesto de Egresos de la Federación, para los programas que deriven de esta política pública.

El lunes a más tardar se prevé que las comisiones de Energía y de Puntos Constitucionales presenten el dictamen de reforma eléctrica, del que el presidente, Andrés Manuel López Obrador, ha pedido que no tenga cambios fundamentales respecto de su iniciativa.