Saltillo, Coah.- Diputadas y diputados del PRI, PAN, Morena, PRD, UDC y Partido Verde presentaron la Ley para la Regulación de Establecimientos Privados para la Atención a las Adicciones, espacios que deberán cumplir con normas de salud federales y respetar los derechos humanos de quienes requieran sus servicios.

Establece reforzar la coordinación entre municipios, Estado y Federación para supervisar su funcionamiento y proteger la dignidad de las personas usuarias, así como fomentar la denuncia de los que funcionen en forma clandestina, sin cubrir los requisitos.

Asimismo, tiene disposiciones para erradicar prácticas que pueden configurar delitos como la privación ilegal de la libertad o tratos crueles e inhumanos. Todo ingreso deberá realizarse de manera voluntaria y con consentimiento informado.

Prohíbe que el personal acuda a las viviendas o a cualquier otro lugar para recoger a las personas consumidoras, así como el tratamiento forzoso, el aislamiento involuntario o cualquier acción que vulnere la dignidad humana.

En el caso de niñas, niños y adolescentes, serán atendidos en hospitales generales o de pediatría y de ser necesario, deberán ofrecer áreas de internamiento.

En tanto, las personas usuarias serán separadas por género y se evitará que compartan áreas comunes, la atención clínica y las actividades terapéuticas. Al ingresar deberán ser revisadas por un médico e integrar su expediente clínico; además, podrán recibir visitas de familiares o personas autorizadas en condiciones de privacidad, seguridad y bienestar emocional.

De igual manera, los centros estarán obligados a notificar al Ministerio Público todo ingreso y egreso de personas, para prevenir delitos como la privación ilegal de la libertad y evitar el ingreso de prófugos de la justicia.

Los ayuntamientos deberán garantizar que los espacios cuenten con los requisitos de desarrollo urbano, licencia de funcionamiento, uso de suelo y autorización de Protección Civil, en tanto que el personal será capacitado en forma permanente. Si es una persona en recuperación, deberá someterse a pruebas de detección de metabolitos cada seis meses.

Se promoverá que las personas usuarias adquieran habilidades y conocimientos para el trabajo y favorecer su reintegración social y familiar. Se designarán recursos para atender las adicciones en personas que no puedan costearlo.

El diputado refirió que la atención de las personas que consumen drogas representa un desafío para la salud pública y la seguridad. Pueden recibir ayuda en establecimientos privados que ofrecen diferentes niveles de atención, sin embargo, no cumplen con ormas oficiales mexicanas.

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Esto dificulta la prestación de los servicios y esta situación ha derivado en algunos casos en prácticas que vulneran la dignidad humana, reproducen estigmas o carecen de sustento técnico y ético y, en lamentables casos, hasta la privación de la vida.

Se plantea crear el Comité Estatal de Supervisión de Establecimientos Residenciales Especializados en el Tratamiento de las Adicciones y de Establecimientos con Servicio Profesional de Salud Mental.

El año pasado más de 172 mil personas solicitaron tratamiento por consumo de sustancias en espacios públicos y privados, el 85 por ciento fueron hombres y el resto mujeres.

El 37 por ciento iniciaron con alcohol, el 31 por ciento con tabaco y el 16 por ciento con mariguana, y la edad promedio de inicio fue a los 15 años. En los dos últimos años aumentaron los casos de consumo de fentanilo que provoca un acelerado deterioro físico y cognitivo.