Saltillo, Coah.- La dirigencia del Partido Revolucionario Institucional en Coahuila cocinó durante meses una propuesta de reformas a la legislación electoral vigente en el estado que se pondrá sobre la mesa a partir de este martes, cuando se le dé la primera lectura al documento cuyo dictamen quedará listo para que la siguiente legislatura, cuyo periodo inicia el 1 de enero, lo valore y realice la votación correspondiente.

El relevo de la Ley de Instituciones Políticas y de Procedimientos Electorales por un Código Electoral deberá quedar aprobado en febrero, pues la intención del PRI es llegar en octubre de 2009 a la elección de alcaldes con una nueva legislación.

De acuerdo con el presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Rubén Moreira Valdez, la propuesta pretende obligar a los partidos políticos a profesionalizar su desempeño, convertirse frente a los electores en opciones reales de gobierno y no sólo mantener a sus pequeños círculos de poder de las prerrogativas que el Gobierno les entrega.

Así, el número de diputados locales pasaría de 31 a 25, pues el planteamiento priísta señala la posibilidad de que se eliminen cuatro de las 20 curules de mayoría y dos de las 11 de representación proporcional. Sin embargo, para ello, sería necesario que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila sentara las bases para realizar una redistritación electoral en Coahuila.

Según estimaciones del propio Moreira Valdez, los 16 distritos se integrarían por unos 110 mil electores. Actualmente hay en promedio 20 mil electores en cada uno de los 20 distritos electorales que operan.

Dijo que para fortalecer la participación ciudadana en la política estatal, su partido tiene la idea de llevar de cinco a siete el número de personas que conforman el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana.

Mencionó que así como la reforma electoral federal establece la posibilidad de que el Instituto Federal Electoral organice elecciones en los estados, con las modificaciones a la legislación estatal el Instituto Electoral estaría en condiciones de coordinarse con el IFE para organizar elecciones incluso fuera del estado.

Moreira destacó que el financiamiento privado en las campañas sería del 10 por ciento respecto al monto del financiamiento público, pues señaló que actualmente la paridad entre recursos públicos y privados es igual, con lo que se violenta la Constitución.

Señaló que si bien su partido defiende las candidaturas comunes, donde más de un partido puede proponer a un mismo candidato, con la reforma se pretenden eliminar las coaliciones, “pues finalmente no se sabe por cuál de los partidos involucrados votó la gente”.

Se flexibilizaría el contenido del Artículo 107 de la actual legislación electoral, donde se prohíben las manifestaciones anticipadas de cualquier interés electoral. Con la reforma los aspirantes podrían manifestar ese interés, aunque se mantendría la imposibilidad de realizar precampañas antes de tiempo.

En la elección de alcaldes, las planillas se integrarían de manera equitativa, respetando el género, “de tal forma que si el candidato a alcalde es mujer, el candidato a primer regidor deberá ser hombre y así sucesivamente”, anotó.
Las campañas para gobernador se reducirían de 50 a 45 días, mientras que se llevaría de 35 a 30 días el periodo de campaña para alcaldes en municipios con más de 70 mil electores.

Además de que se incrementarían los requisitos para otorgar registros a partidos políticos estatales, se prohibiría la intervención de sindicatos o la inscripción corporativa de personas a fin de crear un partido político.

Habría normas para monitorear espacios noticiosos en radio y televisión y para garantizar que los partidos políticos y sus candidatos no se financien con dinero derivado del crimen organizado, los partidos políticos deberán informar con claridad el uso de prerrogativas y deberán presentar informes administrativos antes, durante y después del periodo de campañas.

El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana obligaría a los partidos políticos y a sus candidatos a cumplir las promesas que hicieron durante el periodo de campaña y habría mecanismos legales a fin de conseguir que los conflictos derivados de una elección se resuelvan durante el mismo proceso electoral y no después, cuando ni al candidato perdedor ni al ganador les interesa el asunto.

Moreira señaló que la propuesta de reforma electoral se diseñó con base en planteamientos y exigencias de ciudadanos que habitan en las diferentes regiones del estado.

LO IMPORTANTE

» Reducción de 50 a 45 días el periodo de campañas para gobernador, reducir de 35 a 30 días el periodo de campaña para alcaldes en municipios con más de 70 mil electores y cambiar del último domingo de septiembre al primer domingo de julio la elección de gobernador.

» Realizar una redistritación electoral en Coahuila a fin de que en lugar de 20 haya 16 distritos que tendrían en promedio 110 mil electores adscritos. Se disminuiría entonces de 31 a 25 el número de diputados locales, eliminando cuatro diputaciones de mayoría relativa y dos de representación proporcional.

» Revisión exhaustiva de los documentos presentados por organizaciones políticas que aspiran a ser registradas como partidos políticos estatales. Se prohibiría la intervención gremial en el proceso de creación de partidos políticos y los partidos políticos deberán informar con transparencia el uso de prerrogativas y entregar informes financieros antes, durante y posterior a las campañas a fin de garantizar que no se emplearon recursos del crimen organizado.

» Se incrementaría de cinco a siete el número de consejeros del Instituto Electoral, el cual estaría facultado para coordinarse con el IFE a fin de ayudarle a éste a organizar elecciones incluso fuera de Coahuila. El Instituto Electoral tendría una Comisión de Legalidad, que revisaría la oferta política de cada partido y candidato durante campaña, a fin de obligarlos a su cumplimiento. También habría una Comisión de Acceso a los Medios de Comunicación que garantizaría y regularía el acceso de los partidos políticos a los medios de comunicación.

» Se normaría el monitoreo en radio y televisión, particularmente en programas noticiosos, el financiamiento privado en las campañas sería del 10 por ciento respecto del monto del financiamiento público; actualmente la paridad es igual. No habría más coaliciones, aunque permanecerían las candidaturas comunes y se garantizaría la libertad de expresión, al grado de que los aspirantes a determinado cargo de elección popular podrán manifestar ese interés con anticipación sin el riesgo de ser castigados con la cancelación del registro.

» En la elección de alcaldes, las planillas correspondientes deberán integrarse equitativamente por géneros y se plantea la necesidad de que los conflictos legales se resuelvan durante el mismo proceso electoral y no tres meses después, cuando a nadie le importa el resolutivo. Además, los partidos políticos ya no tendrían que solicitar autorización al IEPCC para realizar encuestas, se penalizaría la propaganda negra y sólo el Instituto Electoral podría organizar debates entre candidatos.