Los senadores del PRI subrayaron que esta distinción representa el máximo grado honorífico en el ámbito universitario y debe honrar méritos comprobables, no solicitudes exprés sin revisión.
¿Qué dice la iniciativa?
La iniciativa propone reformar la Ley General de Educación para prohibir de manera explícita que particulares otorguen grados honoríficos a cambio de contraprestaciones e incorpora esta figura como infracción sancionable.
También modifica la Ley General de Educación Superior para establecer que solo instituciones públicas o privadas con reconocimiento oficial tienen la facultad de otorgar doctorados honoris causa, siempre bajo criterios normativos y sin beneficio económico para ninguna de las partes.
El PRI enfatizó que instituciones como la UNAM y La Salle siguen procesos estrictos que incluyen nominación por comités, evaluación de méritos, dictamen y ceremonia oficial.
“ Este estándar debe mantenerse, porque garantiza que estos títulos recaen en personas cuya trayectoria realmente aporta al país y al mundo”, señalaron.
El Grupo Parlamentario afirmó que esta reforma protege la integridad del sistema educativo y evita que el prestigio académico se transforme en mercancía.
“ El reconocimiento al mérito no debe someterse a intereses privados ni a operaciones turbias. México necesita garantizar que los valores, la trayectoria y el servicio a la sociedad permanezcan como los únicos criterios para recibir un grado honorífico”.
