Ciudad de México.- La diputada federal del PRI Adriana Fuentes Téllez afirmó que con las recientes reformas que ha llevado a cabo el Congreso de la Unión en materia de secuestro y trata de personas, la Policía, ministerios públicos y jueces en todo el país contarán con elementos jurídicos sólidos para sentenciar a penas mayores a quienes cometan este tipo de delitos.

Manifestó, a través de un comunicado, que de esta manera el Estado responde frontalmente y combate la delincuencia en todo el territorio, ya que la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las víctimas de estos delitos, aprobada por la Cámara de Diputados, contempla penalidades más duras.

La minuta sustituye la denominación de dicha norma por la de Ley General en Materia de Trata de Personas.

Fuentes Téllez precisó que ahora la ley advierte que “cometerá el delito de trata quien explote a una persona, ya sea mediante amenaza, uso de la fuerza, engaño, seducción, abuso de poder, aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad, ofrecimiento, concesión o recepción de un pago o beneficio a un tercero que ejerza dirección, influencia o autoridad sobre otra”.

Con ello, dijo, los delincuentes enfrentarán condenas que van de 10 a 25 años de prisión y de mil a 20 mil días multa a quien, para sí o para un tercero, consiga, capte, enganche, transporte, traslade, aloje, reciba, retenga, entregue, oculte, reclute o transfiera a una persona con fines de explotación, en cualquier modalidad.

Señaló que esa misma pena –de 10 a 25 años– se impondrá a quien tenga o mantenga a una persona en condición de servidumbre, a través de cualquier acción dolosa, ya sea mediante amenaza, uso de la fuerza, engaño, abuso de poder, entre otras.