Saltillo.- Los próximos diputados priístas tendrán como prioridad sacar adelante el Código Electoral propuesto por el Revolucionario Institucional, el cual deberá estar aprobado a más tardar el 15 de febrero para que tenga validez en las las elecciones de alcaldes de 2009.

“El 15 de febrero es el último día para hacer algún cambio a las leyes electorales. Si no es el 15, ya no se pueden modificar los ordenamientos locales. El proceso para renovar alcaldes empieza el 15 de mayo, cuando se instalan los comités municipales electorales y 90 días antes del inicio del proceso no debe haber ninguna reforma”, explicó el diputado Francisco Saracho Navarro.

El integrante de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales enfatizó que la propuesta electoral del PRI es positiva y se adecua a las reformas en la materia.

Añadió que la iniciativa ofrece bondades como es la reducción en el número de diputados y regidores, lo que significaría menos gasto para el Congreso y los ayuntamientos en el rubro de servicios personales, y la disminución de los tiempos de campaña.

De igual manera, plantea incrementar a siete los consejeros electorales, actualmente son cinco, y la instalación de una comisión en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana para que le dé seguimiento a las promesas de campaña.

Además, abre la posibilidad para que quienes aspiren a un puesto de elección popular puedan manifestar su intención de competir, pero sin hacer labor de proselitismo, esto sin correr el riesgo de ser sancionados.

Saracho Navarro también destacó la propuesta de intercalar los géneros en la conformación de las regidurías, la eliminación de las coaliciones, además de fortalecer la vigilancia en el dinero que manejan los partidos, como financiamiento privado, y el establecimiento de mayores requisitos para constituir partidos políticos.

Por otra parte, informó que la comisión a su cargo recibió cerca de 400 asuntos a resolver en los tres años de la legislatura y resolvieron 320, aunque todavía en la siguiente sesión del 30 de diciembre podrían dictaminar otros más.

Los asuntos que queden pendientes deberán ser resueltos en la próxima legislatura, según lo establece la Ley Orgánica del Congreso del Estado, la cual iniciará funciones el 1 de enero.