México.- El abogado general de Pemex, Néstor García Reza, afirmó que la iniciativa presidencial de reforma energética es constitucional, respeta la exclusividad del Estado y confiere mayor autonomía de gestión a la paraestatal.

Al participar en el foro “Relaciones con compañías extranjeras y jurisdicción de tribunales internacionales”, García Reza indicó que dicha propuesta moderniza la administración de Pemex y establece un sistema especializado de contratación para la industria petrolera.

En la sede del Senado aseveró que el planteamiento del Ejecutivo pretende la modernización y fortalecimiento de Petróleos Mexicanos (Pemex), no su privatización, y busca maximizar la utilidad y la renta petrolera en beneficio del país.

Aseguró que la relación de Pemex con empresas nacionales y extranjeras ha sido constante desde el origen y su capacidad para suscribir compromisos arbitrales está fundamentada en diversas disposiciones mercantiles y administrativas congruentes con los tratados internacionales celebrados y ratificadas por el Estado.

García Reza sostuvo que las leyes mexicanas autorizan a Pemex a someter a procedimiento de arbitraje las controversias que pudieran surgir con la celebración de contrato, además de que los diversos tratados de libre comercio firmados por México incluyen un capítulo sobre la resolución de controversias mediante arbitrajes.

Afirmó que la iniciativa presidencial mantiene en sus términos el arbitraje como una figura jurídica prevista expresamente para ser aplicada en la mencionada empresa.

Incluso, García Reza informó que la paraestatal ha incluido en los contratos más importantes la cláusula de arbitraje, que es un incentivo importante para que las licitaciones de Pemex cuenten con un mayor número de oferentes nacionales e internacionales, así como para obtener mejores condiciones de sus relaciones comerciales.

A su vez, el especialista en derecho financiero, Pedro López Elías, sostuvo que la propuesta presidencial permite a Pemex utilizar en los actos jurídicos que celebre al arbitraje como un mecanismo para solucionar las controversias.

En ese sentido y de acuerdo con las leyes mexicanas a Pemex se le pueden aplicar normas de derecho público y derecho internacional privado, aunque es necesario que cuente con una ley propia expedida por el Congreso para la contratación pública y así evitar la discrecionalidad en la toma de decisiones.

El director general de Estrategia Financiera Profesional precisó que la legislación aplicable a los contratos públicos de Pemex permite utilizar el arbitraje para solucionar controversias, esquema que tambien está previsto en los tratados de libre comercio que México ha suscrito con diversos países.

“Permitir el arbitraje en los contratos públicos internacionales de Pemex es adecuado y es de reconocer una realidad ya que hasta hoy la paraestatal ha utilizado sus mecanismos cuando menos desde hace 10 años en algunos contratos”, agregó López Elías al participar en el último foro sobre el tema energético celebrado en el Senado.

A su vez el ex subsecretario de Gobernación Humberto Lira Mora, afirmó que la iniciativa presidencial es inconstitucional, porque sigue facultando a Pemex a someterse al arbitraje internacional de renunciar a la inmunidad que tiene para no ser sometido a juicio de tribunales de otros países.

El militante del PRI sostuvo que no se puede facultar en ninguna ley a Pemex que pueda sustraerse al orden jurídico interno del país y que convenga aceptar la aplicación del derechos extranjero y las jurisdicciones de tribunales internacionales, pues implican una clara violación al Artículo 104 constitucional.

En todo caso el problema quedará resuelto si se reforma el Artículo 73 de la Carta Magna para facultar al Congreso a emitir una ley en esa materia, para lo cual se requeriría que Pemex renunciara la inmunidad de jurisdicción en materia comercial.