Ciudad de México.- Un juez federal vinculó a proceso por delincuencia organizada y lavado de dinero a Armando Romero López, un presunto “facturero” que transfirió 7 millones 395 mil pesos a Inés Gómez Mont desde una de sus empresas de papel.

Enrique Beltrán Santés, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, en el Estado de México, procesó esta tarde al presunto “facturero”, al estimar que la Fiscalía General de la República presentó los datos de prueba suficientes para presumir su participación en los ilícitos.

El impartidor de justicia también le ratificó la prisión preventiva de oficio, misma que cumplirá en el Penal del Altiplano, y le impuso un plazo de 4 meses para la investigación complementaria, periodo en que la FGR y la defensa reunirán sus datos de prueba que llevarían al juicio.

De 55 años de edad, Romero fue aprehendido el pasado viernes por agentes de la Policía Federal Ministerial de la FGR, cuando circulaba en las calles de la Colonia Estrella de la ciudad de San Luis Potosí, informaron fuentes del Gobierno Federal.
El mismo día fue puesto a disposición del juez de control en Almoloya, quien le dictó la prisión preventiva oficiosa.

El procesado está relacionado con el caso de un supuesto desvío de 2 mil 950 millones del sistema penitenciario federal en el sexenio de Enrique Peña Nieto y que fue dispersado en empresas fachada, algunas de las cuales presumiblemente triangularon dinero a Víctor Manuel Álvarez Puga y su esposa, la ex presentadora de televisión.

Los convenios, asignados durante la gestión de Miguel Osorio Chong en la Secretaría de Gobernación, fueron adjudicados a Seguridad Privada, Inteligencia Cibernética S.A. de C.V. (SPICSA), compañía que habría dispersado el dinero en empresas de papel.

Con base en este expediente, se giraron 12 órdenes de aprehensión contra ex funcionarios y “factureros”, así como contra Álvarez Puga e Inés Gómez Mont.

La indagatoria revela que de los casi 3 mil millones de pesos de estos contratos, un total de 635 millones 218 mil 228.61 pesos fueron triangulados a las “factureras” Rancel, S.A. de C.V., Comcelint, S.A. e Ingeniería y Arquitectura Tangamanga, S.A. de C.V.

Las tres empresas fueron constituidas en la ciudad de San Luis Potosí y Romero era el administrador único, accionista, apoderado o, cuando menos, titular de una firma autorizada para los movimientos de sus cuentas bancarias.

Según la FGR, del 3 de noviembre de 2016 al 11 de octubre de 2018, una cuenta de Ingeniería y Arquitectura Tangamanga recibió depósitos por 315 millones 982 mil 939.62 pesos y retiró 315 millones 975 mil 918.22.

En otra de Rancel se registraron depósitos por 181 millones 622 mil 19.46 pesos y retiros por 186 millones 412 mil 753.67, del 14 de noviembre de 2016 al 30 de noviembre de 2017; mientras que en una cuenta de Comcelint, hubo depósitos de 137 millones 613 mil 269.53 y retiros de 167 millones 670 mil 597.88, del 4 de noviembre de 2016 al 23 de agosto de 2018.

En su indagatoria, la FGR supone que Álvarez Puga y su esposa realizaron operaciones por alrededor de 17.2 millones de pesos con dos “factureras” que triangularon dinero de los contratos del sistema penitenciario.

De esa suma, Ingeniería y Arquitectura Tangamanga, de la que Romero era el representante legal, transfirió 7 millones 395 mil pesos a la presentadora de televisión.