Torreón.- Gerardo Covarrubias Huízar, abogado presuntamente implicado en demandas laborales fraudulentas en agravio del ISSSTE, fue vinculado a proceso por una presunta defraudación fiscal de 160 millones de pesos.

El juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Torreón, Coahuila, consideró que la Fiscalía General de la República (FGR) ofreció los datos de prueba suficientes para iniciarle un proceso penal por el delito de fraude fiscal equiparada, informó la dependencia.

Sin embargo, el litigante no estará sujeto a la prisión preventiva justificada, ya que el juez le impuso como medidas cautelares el uso de un brazalete electrónico y las prohibiciones de salir de la Comarca Lagunera y del país mientras se desarrolla su procedimiento penal.

“Gerardo ‘C’, omitió presentar por más de 12 meses la declaración anual del Impuesto Sobre la Renta (ISR), correspondiente al ejercicio fiscal de 2019. Además, presuntamente está vinculado en otros casos por pensiones fraudulentas que se obtuvieron ilícitamente en asociación con servidores públicos del ISSSTE y de la Junta 42 de Conciliación y Arbitraje”, dijo la FGR.

“El Ministerio Público Federal aportó los datos de prueba suficientes para obtener la vinculación a proceso referida, diversas medidas cautelares y seis meses para la investigación complementaria”.

La Policía Federal Ministerial de la FGR detuvo a Covarrubias, con base en una orden de aprehensión, cuando circulaba en el Bulevar Ejército Mexicano, en Gómez Palacio, Durango, el pasado 16 de octubre.

El litigante es uno de los probables responsables en el caso de las demandas laborales fraudulentas en las que el ISSSTE ha sido condenado a pagar más de 3 mil 500 millones de pesos, por prestaciones cuyo valor fue inflado hasta en 30 veces.

De acuerdo con la FGR, funcionarios y abogados presuntamente se confabularon en esos litigios para que miles de ex servidores públicos demandaran al ISSSTE dos prestaciones que hoy ya no se pueden reclamar: la compensación garantizada y la indemnización global.

El primero es un concepto que, conforme a una jurisprudencia dictada en 2016 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no debe ser incluida en el cálculo de la pensión.

En el caso de la indemnización global, prevista para ex funcionarios que no tienen derecho a pensión por jubilación, ésta ya fue derogada y no existe en la nueva Ley del ISSSTE, vigente desde abril de 2007.

Los abogados presentaron cientos de demandas, en representación de miles de jubilados de todo el país, ante Junta Especial 42, de Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) de Torreón, la cual condenó al ISSSTE a pagar las millonarias indemnizaciones.

Covarrubias es uno de los denunciados más importantes en este asunto, ya que en su contra se instruyen alrededor de 28 carpetas de investigación, derivado de denuncias presentadas tanto por el ISSSTE como por la JFCA.

Por este caso, la FGR también investiga a Élida Guel Flores y Denisse Morán Guel, prima y sobrina de Covarrubias, respectivamente, quienes, se presume, fueron socias de su despacho y también estarían implicadas en las demandas contra el instituto.