Saltillo, Coah.-  Un juez federal decretó por 60 días la detención provisional con fines de extradición de Ovidio Guzmán López “El Ratón”, plazo para que Estados Unidos presente el pedido formal y el expediente con el cual pretende juzgarlo por un cargo de narcotráfico.

Gregorio Salazar Hernández, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, con sede en el Penal del Altiplano, estableció que si la Embajada de Estados Unidos no formaliza su pedido de extradición antes del 5 de marzo, decretara la libertad del hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

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Se decreta la detención provisional con fines de extradición del señor Ovidio Guzmán López, por lo que en este acto se le comunica a usted que debe estar detenido por el procedimiento de extradición y debe continuar en el mismo lugar donde se encuentra internado durante este lapso”, dijo el juez.z

Durante la audiencia de ayer, el abogado defensor Alberto Díaz Mendieta dijo que Ovidio Guzmán padece depresión y ansiedad, y que recientemente tuvo una cirugia en la que casi le retiraron el estómago.

Soltó el comentario, previo a pedirle al juez de control, Gregorio Salazar Hernández, que instruyera a las autoridades penitenciarias brindarle el tratamiento médico a sus trastornos emocionales y permitirle el acceso a los medicamentos gástricos.

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Sin prejuzgar si son ciertos o no (sus problemas de salud), se instruye brindar la atención y los medicamentos a cada uno de sus padecimientos a la brevedad”, acordó el juzgador.

Con expresión de desconcierto y un aspecto pálido, Ovidio Guzmán López acudió ayer a una audiencia informativa ante un juez, en la que presentó a sus abogados.

Antes de su aparición en la sala de audiencias, el hijo de Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, se reunió alrededor de 15 minutos en un cubículo contiguo, a puerta cerrada, con los litigantes.

“Me mandó Juan Rivera… Acuérdese del amparo”, se oyó decir a Alberto Díaz Mendieta, uno de sus abogados, en ese breve encuentro del que los defensores públicos federales fueron los primeros en salir.

El capo extraditable, de 32 años, entró a la sala de audiencias a las 13:27 horas, vestido con un pantalón deportivo grueso color gris oxford y cubrebocas blanco. La expresión de su rostro era de desconcierto.

Ovidio es un joven mucho más delgado de como se veía en las fotos que circularon en octubre de 2019, después del “Culiacanazo”, y apenas debe rebasar los 1.60 metros de estatura.

Mantuvo una postura encorvada y su tez blanca parece demasiado pálida en contraste con el castaño oscuro de su cabello. Ayer todavía conservaba la barba y no le habían cortado el pelo.

Desde las 13:30 hasta las 14:21 horas, en que se desarrolló la diligencia, la sala estuvo vigilada por unos 10 elementos de la Guardia Nacional.

El perímetro del Penal del Altiplano, donde se encuentra este centro de justicia, también estaba rodeado por agentes de la corporación y militares.

En todo momento, “El Ratón” estuvo atento a las incidencias de su audiencia informativa. Solo hizo uso de la voz para identificarse y expresar monosílabos como respuesta a los requerimientos del juez.

Con un “sí” designó como sus defensores a los tres litigantes que lo acompañaron: Juan Clemente, Julio Segura y Alberto Díaz.

“Señor Ovidio Guzmán, ¿quisiera hacer alguna manifestación?”, preguntó el impartidor de justicia.

“No, ninguna”, respondió con voz grave, aunque de volumen bajo y con marcado acento sinaloense.

“¿Le queda clara la información?”, interrogó el juez.

“Sí”, expresó el “Chapito”.

Las únicas ocasiones en que dijo más de dos palabras fueron cuando pronunció su nombre, al principio, y, al final, cuando también designó como sus defensores a otros dos abogados sinaloenses que no estuvieron presentes en la audiencia de ayer.

“Juan Rivera Angulo y Ernesto López Benítez”, mencionó Ovidio, inclinado hacia el micrófono, sentado en medio de sus tres abogados que lo asistieron durante el trámite.

Niegan cerrar audiencia

A las 11:00 horas, cuando estaba programada la audiencia y Ovidio Guzmán López aún no estaba en la sala, la fiscal Elizabeth Ramírez Vicente pidió al juez Salazar Hernández acordar que esta diligencia fuera privada, es decir, sin público ni medios de comunicación.

Su principal argumento fue que Estados Unidos pidió resguardar la información de su solicitud de detención con fines de extradición, además de que se trataba de información reservada, conforme a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

El juzgador, sin embargo, reviró que esta petición no tenía un fundamento legal, pues la audiencia era de carácter informativo y no para conocer el contenido de la petición formal con la acusación completa, la cual deberá entregar Estados Unidos a más tardar en 60 días.