Ciudad de México.- El gobierno local presentará este martes ante el Congreso de la Ciudad de México una iniciativa de ley que reconocería a los animales como seres sintientes ante la Constitución de la Ciudad de México, entre sus apartados figura una prohibición respecto al maltrato animal con fines docentes.

La titular de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT), Mariana Boy Tamborell, dio a conocer que la legislación limita a las instituciones educativas de nivel básico y medio superior a utilizar animales vivos en disecciones y experimentos con el objetivo de conocer sus orgaismos

“En cuanto a animales utilizados para la investigacion científica y enseñanza superior, tenemos un capítulo destinado en el cual se incluye una restricción para que los animales vivos no se utilicen en disecciones y experimentos con fines docentes en educación básica y hasta media superior”.

Clases sin maltrato animal

Ante la propuesta de restricción de animales en investigaciones y experimentos por parte de niños y jóvenes en planteles educativos de la capital, Boy Tamborell apunta que existen otras formas en las cuales conocer la anatomía de los animales sin fomentar darles muerte.

“Ya hay otras formas, conocemos otras formas para conocer los organismos de los animales; tenemos esquemas, maniquiés, simuladores y  videos, creemos que es importante reconocer la importancia de inculcar el respeto a la vida y no involucrar a los niños y jóvenes en dar muerte a un animal”.

La propuesta forma parte de una legislación muy amplia que prevé abordar vacíos legales sobre maltrato animal en la CDMX, por ejemplo: peleas de gallos, amarrar, encadenar y enjaular a perros, adopción y crianza responsables de animales de compañía e instalaciones para el resguardo temporal o permanente de los mismos.

La legislación prevé reformas integrales a la Ley Orgánica, Ley Ambiental de Protección a la Tierra, Ley de Salud del Distrito Federal, Código Penal y Normas Ambientales. Será entregada este martes por la PAOT y se esperarán 30 días para que el Congreso pronuncie su respuesta al respecto.

Con información de Debate