Ciudad de México.- El PAN en la Comisión Permanente presentó este miércoles una ley para disminuir el gasto corriente en la administración federal y eliminar telefonía móvil, vales de despensa, seguro de gastos médicos mayores, vehículos y gasolina que no se justifiquen para los funcionarios de los tres poderes: Ejecutivo, Judicial y Legislativo, de órganos autónomos y demás instituciones de la Federación.

Laura Rojas, senadora del PAN, recordó al presentar en tribuna la propuesta que durante su mensaje para justificar el alza en los combustibles, el presidente Enrique Peña Nieto preguntó: “¿Ustedes qué hubieran hecho?”, hoy respondió la legisladora:

“Yo hubiera acompañado el anuncio del gasolinazo con la presentación de esta iniciativa. Yo no hubiera sólo llamado a la comprensión de la sociedad ante una medida dolorosa pero responsable, como la ha calificado el gobierno, sino que habría sido el primero, como líder de la alta burocracia del país, en anunciar que el sacrificio sería compartido, que el sacrificio sería parejo”, sentenció.

Luego añadió:

“No se puede pedir a los mexicanos que asuman el incremento del precio de las gasolinas y pretender que además sigan pagando la nuestra. No se puede pedir a los mexicanos que sobrevivan a los precarios servicios de salud pública en el IMSS, en el ISSSTE y pretender que además sigan pagando nuestros seguros de gastos médicos mayores.

“No se puede argumentar que los impuestos a las gasolinas son impuestos verdes para desincentivar el consumo de combustibles fósiles, como en la mayoría de los países de la OCDE, lo acaba de decir ayer el secretario general del organismo Ángel Gurría, cuando el gobierno en México no ha proveído transporte público seguro y eficiente, como sí lo hay en el resto de los países de la OCDE. Y además pretender que los ciudadanos sigan pagando los autos de la burocracia”, reviró.

También recordó que la brecha entre los que ganan el salario mínimo general en el país y el de la alta burocracia es inmensa.

El salario mínimo en 2016 era de 73.04 pesos, que al mes sumaba 2 mil 220.42, y su valor anual alcanzaba los 26 mil 645.04 pesos. En contraste, los salarios más altos los perciben los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quienes al año ganan 4 millones 658 mil 775 pesos.

La iniciativa también prevé poner en “remuneración” la suma de todas las percepciones ordinarias y extraordinarias, ya sean en dinero o en especie, incluyendo salarios, dietas, compensaciones, prestaciones en dinero o en especie, aportaciones a la seguridad social, ahorro solidario, prima vacacional, aguinaldos, gratificaciones, primas, ayuda para despensa, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones, prestaciones y cualquier otra prestación por la que se cubra un pago que ingrese al patrimonio del servidor público mediante el concepto de remuneración anual.

Lo que se busca con lo anterior es acabar con la “simulación del salario, pues la gente merece saber cuánto ganamos realmente, cuánto es lo que se nos paga por un servicio público”.

Además, se plantea que sea el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción el organismo que establezca los tabuladores y las remuneraciones de los servidores públicos.

En tercer lugar se advierte que los ministros, magistrados, senadores, diputados federales, secretarios de Estado, titulares de organismos constitucionales autónomos, secretarios generales, subsecretarios, titulares de unidad y directores generales, así como sus equivalentes en los tres Poderes de la Unión y los órganos constitucionales autónomos, no gozarán de las asignaciones correspondientes a eliminar telefonía móvil, vales de despensa, seguro de gastos médicos mayores, vehículos o gasolina que no sean para uso exclusivo de actividades oficiales, es decir, que no estén justificados.

Incluso los viáticos estarán sujetos a comprobación y los remanentes de los recursos asignados deberán devolverse al órgano público que se los hubiese otorgado.

Finalmente, la iniciativa del PAN prevé que sean sancionados “quienes incumplan o simulen percibir menos ingresos de los que en realidad reciben”.