Afirma que deben institutos políticos cumplir con reglas mínimas de operación

Saltillo, Coah.- Los estados deben contar con una “ley de partidos” para que éstos cumplan con lineamientos y reglas mínimas en su operación y que haya equidad, dado que al autorregularse no se establecen normas iguales y pueden afectar derechos políticos de militantes.

Luis Efraín Ríos Vega, coordinador del Observatorio Internacional de Justicia Electoral en Europa, informó además que en todos los países los servidores públicos renuncian a sus cargos para buscar puestos de elección popular, lo que es positivo, de lo contrario se atentaría contra el derecho a votar y ser votado.

“Esto es muy normal, es parte de la política permanente en Europa y en todos los países demócratas”, además, explicó, en México el Trife ya decretó que es inconstitucional pretender impedir la salida de funcionarios para contender por puestos de elección popular.

“No se puede limitar a un funcionario su posibilidad de separarse temporalmente del cargo para contender por otro”, refirió.

Al impartir una conferencia en la Facultad de Jurisprudencia, señaló que dentro de las democracias es positivo establecer “leyes de partidos” que establezcan derechos y deberes de militantes, sanciones y procedimientos de vida interna, entre otros aspectos.

Explicó que a nivel federal existen varias propuestas al respecto; sin embargo, los legisladores locales de Coahuila pueden trabajar en el mismo sentido.

Precisó que en Europa funcionan las “leyes de partidos”, lo que favorece a la formación de partidos más estables, unidos y consolidados.

“Los partidos son necesarios para la democracia. En consecuencia una ley que los rija es imprescindible para que funcione bien”, señaló, al indicar que evitaría la conformación de partidos “exprés”.

Asimismo, señaló que la sociedad demanda reducir significativamente la representación popular en función de los costos que implica, de manera que la propuesta del Código Electoral del PRI para disminuir diputados es positiva.

También opinó a favor de aumentar de cinco a siete el número de consejeros del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, lo que consideró como una cantidad razonable de acuerdo con la tendencia que se tiene en la conformación de los órganos colegiados.

En todo caso, el Consejo General debe contar con suficientes miembros que garanticen que las deliberaciones y votaciones sean adecuadas.