Durango, Dgo.- En México más de 20.8 millones de personas viven con alguna discapacidad o limitación, de acuerdo con datos del Censo de Población y Vivienda del INEGI, una realidad que también se refleja en Durango, donde más de 100 mil personas enfrentan diariamente barreras físicas, de comunicación o de acceso en los espacios públicos.

Ante este panorama, la diputada morenista Cynthia Mont, presentó una iniciativa legislativa que busca garantizar que los proyectos de infraestructura pública contemplen criterios de accesibilidad desde su etapa de planeación, con el objetivo de evitar que los espacios públicos excluyan a una parte importante de la población.

Durante la exposición de motivos, se planteó que la discusión central es si realmente puede hablarse de igualdad cuando la infraestructura pública se diseña sin considerar desde el inicio a las personas con discapacidad.

La experiencia nacional e internacional señala que muchas de las barreras que enfrentan estas personas no se originan necesariamente en la falta de voluntad social, sino en la forma en que se planea, presupuesta y ejecuta el gasto público.

Cuando los proyectos se diseñan sin incorporar criterios de accesibilidad desde su origen, el resultado suele reflejarse en rampas inexistentes, señalización inaccesible, transporte público que excluye o edificios gubernamentales que no pueden ser utilizados por todas las personas.

Estudios del Banco Mundial indican que integrar criterios de accesibilidad desde la fase de diseño de una obra puede representar incrementos de apenas entre 0.5 y 1 por ciento del costo total, mientras que corregir posteriormente una infraestructura mal diseñada puede multiplicar los gastos y generar un uso ineficiente de recursos públicos.

En este sentido, se destacó que cuando la accesibilidad se considera desde el inicio, el Estado optimiza el gasto y la sociedad avanza en inclusión.

Aunque el marco jurídico ya reconoce el derecho a entornos accesibles y contempla principios de diseño universal y ajustes razonables, se señaló que todavía existe un vacío en la forma en que se programan y autorizan los recursos públicos.

Actualmente, aunque la ley establece la obligación de garantizar accesibilidad, el proceso presupuestario no siempre exige que los proyectos acrediten técnicamente el cumplimiento de estos criterios antes de ejecutarse.

Por ello, la iniciativa de Cynthia Mont, propone modificar la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Durango, para establecer que todo proyecto de inversión física o infraestructura de uso público cuente obligatoriamente con una Cédula o Dictamen de Accesibilidad y Diseño Universal, requisito que deberá cumplirse desde la etapa de planeación y programación del gasto.

La propuesta forma parte de un conjunto de iniciativas orientadas a fortalecer los mecanismos de control, planeación y transparencia del gasto público, con el objetivo de que los recursos destinados a infraestructura contribuyan también a construir entornos incluyentes.

Desde esta perspectiva, se subrayó que el presupuesto público no debe verse únicamente como un instrumento financiero, sino como una herramienta para convertir los derechos en realidades tangibles.

Con esta reforma, se busca pasar de la accesibilidad como un principio reconocido en la ley a la accesibilidad como un requisito técnico obligatorio en la ejecución del gasto público, lo que, señalaron, representaría un avance tanto en justicia social como en eficiencia presupuestaria para el estado de Durango.