El Diario de Chihuahua | Estados Unidos.- A los inmigrantes que acepten casi cualquier especie de prestación de asistencia social o pública, aun las populares deducciones fiscales, podría denegárseles la residencia estadounidense, de acuerdo con una propuesta que espera la aprobación de la administración Trump, la cual desea reducir el número de extranjeros radicados en Estados Unidos, informa The Washington Post.

Según el borrador de la iniciativa obtenido por el Washington Post, los trabajadores sociales inmigratorios tendrán que analizar un rango mucho más amplio de factores a la hora de determinar si los inmigrantes o los hijos de éstos nacidos en Estados Unidos están utilizando prestaciones sociales o tienen probabilidades de recurrir a ellas.

Con las reglas en vigor se penaliza a los inmigrantes que reciben pagos de asistencia social en efectivo, considerándolos una “carga pública”. Pero con los cambios propuestos por el Departamento de Seguridad Interna (DHS, por sus siglas en inglés) se ampliaría la definición gubernamental de las prestaciones hasta incluir el tan usado Crédito Fiscal sobre el Ingreso Percibido así como los subsidios a los seguros médicos y otras “prestaciones públicas en especie”.

Los cambios se aplicarían a las personas que soliciten visas de inmigración, o la residencia legal permanente, como un ciudadano extranjero con visa de trabajo que se venza. Si bien marcaría poca diferencia para quienes vivan ilegalmente en las sombras, podría afectar a los inmigrantes protegidos por el programa de Acción Diferida para Personas Llegadas durante su Infancia (DACA) en caso de intentar solicitar la residencia legal completa.

Potencialmente, los inmigrantes y sus familias que afronten alguna crisis a corto plazo podrían tener que abstenerse de buscar asistencia a efecto de evitar poner en peligro su estatus de residencia en Estados Unidos. Con la propuesta también se estipularía que más inmigrantes pagaran fianza si tienen probabilidades más altas de necesitar aceptar prestaciones sociales. La fianza mínima sería de 10 mil dólares, según la iniciativa del DHS, pero podría fijarse un monto mayor en caso de considerarse que la necesidad del solicitante sea mayor.

Funcionarios de la dependencia dicen que la propuesta no es definitiva. Pero la reforma es parte del esfuerzo más general del gobierno de Trump por contener la inmigración ilegal en Estados Unidos, mientras que desde hacer largo tiempo varios grupos que abogan a favor de un enfoque más restrictivo han insistido en que los inmigrantes representan un lastre para los presupuestos federales y para la prosperidad estadounidense.