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Notimex
Publicado el martes, 18 de agosto del 2015 a las 01:59
Ciudad de México.- La diputada del PRD, Graciela Saldaña Fraire, informó que se propuso una reforma legislativa a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable paras favorecer a los dueños y poseedores de los bosques en el país.
En un comunicado, la también secretaria de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, indicó que se requiere reformar los artículos 2 y 117 de dicha ley para que se garantice que se escuchará la voz de los propietarios de los bosques, sus usuarios y los interesados en su conservación si se plantea un cambio de uso de suelo forestal.
Explicó que la propuesta, enviada a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, plantea que en todo cambio de uso de suelo forestal, se realice una consulta pública libre e informada entre sus habitantes.
La diputada federal por Quintana Roo explicó que con esta reforma se lograría respetar el derecho al uso y disfrute de los recursos forestales por parte de sus habitantes que, en su mayoría, integran comunidades indígenas.
Detalló que cualquier cambio de uso del suelo en terrenos forestales deberán ser notificados todos los propietarios de los predios involucrados y adyacentes, además de publicar en la gaceta ecológica y en medios de difusión locales.
Así como en las oficinas de la presidencia municipal en la que se ubique dicho predio, los términos del proceso de consulta que se llevará a cabo.
Los resultados de dichas consultas serán vinculantes en los casos en que los interesados manifiesten, por mayoría simple, su negativa.
En caso de que el polígono al que se solicite el cambio de uso de suelo se ubique dentro de una comunidad indígena o ejido, bastará con que el acta de asamblea correspondiente manifieste su aceptación o rechazo para que proceda la autorización al cambio de uso de suelo forestal o no.
Indicó que esta reforma busca que no se otorgue la autorización de cambio de uso de suelo forestal en terrenos que se encuentren dentro de un área con aprovechamiento forestal vigente o que reciba pago por servicios ambientales o que se encuentre dentro de un área natural protegida o zona de conservación establecida en el ordenamiento forestal, ecológico o comunitario correspondiente.
Finalmente, dijo que de aprobarse esta reforma, no sólo se velaría por los derechos de las comunidades indígenas, sino por la riqueza del ecosistema del país.
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