Ciudad de México.- La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, demandó a senadores de Morena tipificar como delito la venta de videojuegos que promuevan la violencia y el consumo de drogas y otras modificaciones legales necesarias, entre ellas, la que permite que los miles de millones que están en cuentas bancarias congeladas a integrantes del crimen organizado, se destinen para equipar a todos los cuerpos policíacos del país.

“ Se trata de recursos que ahí están, que nadie reclama y que bien podrían destinarse a la compra de vehículos, armas, chalecos, uniformes, entre otros equipos para reforzar a las instituciones de seguridad en estados y municipios”, precisó al participar en la VIII Reunión Plenaria de los senadores de Morena.

Esos miles de millones de pesos de cuentas congeladas de narcotraficantes, secuestradores, extorsionadores y otros criminales podrán emplearse “en el equipamiento de nuestras policías, porque el uso del chaleco, a veces, hace la diferencia a la hora de enfrentar a los criminales”, resaltó.

De entrada, la titular de la SSPC señaló que los resultados en materia de seguridad “son muy positivos” y sin duda son consecuencia del liderazgo del presidente Andrés Manuel López Obrador, la constancia de un equipo de trabajo y la coordinación con estados, municipios, órganos autónomos, así como del acompañamiento que se tiene desde el Congreso de la Unión y del Poder Judicial”.

Expuso que “están sentadas las bases de una forma distinta de abordar la violencia y el delito, bajo un enfoque de atención a las causas que generan la inseguridad y con respeto a los derechos humanos y a la dignidad de las personas”.

Ahora, recalcó, “disponemos de herramientas, que antes no teníamos y que nos dan fuerza y esperanza en un México con bienestar y seguridad. Un México en paz”.

Acompañada del comandante Luis Rodríguez Bucio, comandante de la Guardia Nacional, del subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía Berdeja, del general Audomara Martínez Zapata, director del Centro Nacional de Inteligencia, se refirió además a otras reformas legales necesarias para el combate de la violencia y la inseguridad.

Entre ellas una ley para tipificar la venta de venta de videojuegos a menores de edad que hagan apología de la violencia y el delito o patrocinen el consumo de drogas.

La secretaria de Seguridad Pública agregó que existe también un vacío legal en la protección de niñas, niños y adolescentes víctimas del reclutamiento forzado a través de las redes sociales, plataformas digitales y los videojuegos para dañar su integridad o involucrarlos en actividades ilícitas.

“ En este tema ustedes nos pueden ayudar a crear herramientas legales que faciliten las investigaciones que se realizan desde la Policía Cibernética y que este tipo de conductas se castiguen y que no quede en la impunidad el daño que estos criminales realizan a la niñez mexicana, porque retornar a la paz requiere también que las niñas, niños y adolescentes hagan uso de la tecnología en ambientes seguros”.

La titular de la SSPC demandó asimismo endurecer las sanciones para quienes almacenen, distribuyan o comercialicen contenido digital relacionado con la pornografía infantil.

Asimismo, planteó devolver al Ejecutivo Federal y a los estados la facultad de autorizar los traslados de personas privadas de la libertad de centros locales a centros federales penitenciarios. Es una reforma, expuso, necesaria “para contribuir a la gobernabilidad en los sistemas penitenciarios”

Hizo notar que las autoridades de los penales “ tienen el pulso de la seguridad en estos centros. Ellos saben que un traslado oportuno, una reasignación de internos de alta peligrosidad ayuda a evitar riesgos que alteren la gobernabilidad de estas instalaciones.”

Explico que actualmente esta atribución es competencia exclusiva del Poder Judicial, a través de los jueces de ejecución, quienes deciden sobre la procedencia de los traslados y sus criterios no siempre coinciden con las necesidades de los sistemas penitenciarios.

La contribución de ustedes sería de gran valor para realizar los cambios necesarios en la Ley Nacional de Ejecución Penal y otros ordenamientos relacionados”.

Con información de La Jornada