Chilpancingo, Gro.- Diputados de la Comisión de Gobierno en el Congreso local se comprometieron a elevar a rango constitucional el “secreto profesional” de los periodistas, que incluye la reserva de las fuentes de información.

También acordaron hacer un exhorto al titular de la Auditoría General del Estado (AGE), Arturo Latabán López, para que retire la denuncia que interpuso ante la Procuraduría General de Justicia (PGJ) con el propósito de investigar el origen de la filtración de documentos públicos, y ofrecer una disculpa a las tres reporteras que fueron hostigadas por diputados locales para que revelaran sus fuentes: Vanesa Cuevas Bonilla, del periódico El Puntual; Citlali Giles Sánchez, de La Jornada Guerrero, y Rosalba Ramírez, de El Sur.

Los diputados hicieron esos ofrecimientos tras la protesta que realizaron reporteros de diferentes medios de comunicación en el salón de sesiones del pleno legislativo para exigir respeto al ejercicio periodístico, cesar el hostigamiento y adecuar el marco jurídico local con los estándares internacionales y leyes federales que salvaguardan el derecho a la reserva de fuentes y el secreto profesional de los periodistas.

El presidente del Congreso local, el perredista Bernardo Ortega Jiménez, fue quien atendió el reclamo de los periodistas y convocó a los integrantes de la Comisión de Gobierno a una reunión que se realizó en una sala paralela al salón de sesiones del pleno.

En el encuentro estuvo presente el diputado Óscar Díaz Bello, también del PRD, quien a nombre de los integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública pidió una disculpa a las reporteras, a quienes se les había exigido revelar sus fuentes para que las autoridades ministeriales pudieran dar con el responsable de filtrar documentos de la AGE relacionados con observaciones detectadas en la cuenta pública de 14 municipios durante el año fiscal de 2012.

En tanto, el coordinador de la fracción parlamentaria del PRI, Héctor Apreza Patrón, asumió el compromiso de ofrecer la disculpa pública a las reporteras hostigadas.

El mismo Apreza Patrón señaló que el pleno de la LIX Legislatura emitirá un exhorto al titular de la AGE para que retire la denuncia penal que interpuso ante la PGJ, debido a que –admitió– tiende a criminalizar el ejercicio periodístico.

A nombre de los diputados de la Comisión de Gobierno, el priista también se comprometió a elevar a rango constitucional la protección del secreto profesional de los periodistas y la reserva de las fuentes, como ya lo han hecho otras entidades y el Distrito Federal, con el propósito de homologar el marco jurídico local con los estándares internacionales en materia de libertad de expresión y los preceptos constitucionales que salvaguardan estos derechos.

Por su parte, los periodistas se manifestaron confiados de que los diputados cumplan en breve con esos compromisos para evitar que servidores públicos repitan esas aberraciones jurídicas al pretender que los reporteros revelen sus fuentes, y que se garantice el respeto al secreto profesional.