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Próximo mexicano a ser ejecutado en Texas notifica sus últimos deseos

  Por Notimex

Publicado el martes, 29 de julio del 2008 a las 03:08


Sin embargo, sus abogados continúan realizando su máximo esfuerzo para intentar posponer la aplicación de la sentencia.

Dallas, EU.- El mexicano José Ernesto Medellín, condenado en Texas y cuya ejecución está programada para el próximo 5 de agosto, dio a conocer a las autoridades sus últimos deseos antes de morir.

Sin embargo, sus abogados continúan realizando su máximo esfuerzo para intentar posponer la aplicación de la sentencia.

A ocho días de su probable ejecución, Medellín dispuso que ningún miembro de su familia acuda a atestiguar el acto en el que se le inyectará una dosis letal de drogas para causarle la muerte en cuestión de minutos.

El reo, de 33 años de edad, invitó en cambio como testigos de su ejecución sólo a un amigo y a sus tres abogados defensores.

Medellín expresó también su deseo de que no se le sirva una última cena, algo no muy frecuente entre quienes van a ser ejecutados, dado que las autoridades cumplen en esta única ocasión los deseos del reo de probar sus alimentos favoritos.

El mexicano dispuso que sea su amigo, a quien las autoridades carcelarias no identificaron, quien decida qué hacer con su cadáver, en vez de dejar esta decisión en manos de su familia.

Michelle Lyons, vocera del Departamento de Justicia Criminal de Texas, informó a Notimex que las disposiciones de Medellín están contenidas en una forma que se hace llegar a los reos para conocer sus últimos deseos, previos a la aplicación de la pena de muerte.

Lyons comentó que Medellín decidió rechazar cualquier entrevista de prensa, luego de que sólo habló con una cadena de televisión de México en mayo pasado, días después de que le fuera fijada su fecha de ejecución.

“La mayoría de los reos suelen aceptar en algún punto entrevistas, es raro que Medellín haya optado por no hacerlo”, dijo Lyons.

En caso de que acepte hablar con los medios de comunicación, su última oportunidad será el próximo miércoles, seis días antes de su planeada ejecución.

Medellín, originario de Nuevo Laredo, en el estado mexicano de Tamaulipas, fue sentenciado a la pena máxima por participar junto con otros cinco en la violación y asesinato de Elizabeth Peña y Jennifer Ertman, de 16 y 14 años, el 24 de junio de 1993 en Houston.

Las jóvenes fueron atacadas por la banda de pandilleros cuando éstas decidieron tomar un atajo a lo largo de unas vías del tren, donde se encontraba el grupo bebiendo cerveza para celebrar la iniciación de un nuevo miembro de su banda.

Las evidencias mostraron que las adolescentes sufrieron violación tumultuaria y fueron golpeadas y pateadas antes de ser estranguladas por los pandilleros.

Sus cuerpos fueron descubiertos varios días después, descompuestos y momificados bajo un calor de 40 grados centígrados.

Tras 14 años de litigios en cortes estatales, federales e incluso internacionales, sus abogados defensores buscan frenar la ejecución en base a que las autoridades de Texas violaron los derechos de Medellín cuando fue detenido.

Medellín, quien emigró a Texas con su familia siendo aún niño, no fue informado por la policía de su derecho a recibir la asistencia del consulado de México cuando fue aprehendido acusado de participar en el homicidio de las adolescentes.

La Corte Internacional de Justicia de la Haya (CIJ) dictaminó la existencia de la violación en un fallo emitido en marzo de 2004, en el que señaló que esta irregularidad fue cometida también contra otros 50 reos mexicanos sentenciados a muerte en Estados Unidos.

La CIJ pidió a Estados Unidos corregir la violación revisando los casos de los reos.

La petición obligó al presidente George W. Bush a solicitar a los gobiernos de las entidades estadunidenses celebrar audiencias para revisar cada uno de los casos cubiertos por el fallo.

Texas y otros estados se opusieron a dicha revisión, al argumentar que la petición del presidente Bush excedía los límites constitucionales de la autoridad federal.

El pasado 25 de marzo la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos dictaminó a favor de Texas al liberar a ese estado de la obligación de revisar los casos de mexicanos condenados a muerte, lo que dio luz verde para que procediera la ejecución de Medellín.

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