Washington.-Un proyecto de ley circula en la Casa Blanca y el Capitolio que otorgaría al Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amplios poderes para librar una guerra contra los cárteles de la droga que él considera “terroristas”, así como contra cualquier nación que, según él, los haya albergado o ayudado, según personas familiarizadas con el asunto.

Un amplio espectro de especialistas legales han dicho que los ataques militares estadounidenses este mes contra dos barcos sospechosos de contrabandear drogas en el Mar Caribe fueron ilegales. Pero Trump afirma que la Constitución le otorgó el poder que necesitaba para autorizarlos.

No estaba claro quién redactó el borrador de la autorización del Congreso o si sería avalado por la mayoría republicana, pero la Casa Blanca lo ha estado circulando por el brazo ejecutivo.

La propuesta, redactada en términos amplios, que autorizaría legalmente al Presidente a matar a personas que considere narcoterroristas y atacar a países que, según él, los ayudaron, ha hecho sonar las alarmas en algunos sectores del Poder Ejecutivo y en el Capitolio, según personas que hablaron bajo condición de anonimato sobre delicadas deliberaciones internas.

Tres personas familiarizadas con el asunto dijeron que el representante republicano por Florida Cory Mills, un veterano de combate que forma parte del Comité de Servicios Armados, estuvo involucrado en el desarrollo del borrador. Mills, un fiel aliado de Trump, se negó a hacer comentarios sobre la posible legislación o su papel.

La Secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, rechazó dar comentarios, citando una política en contra de discutir “borradores que podrían o no estar circulando”.

Un funcionario de la Administración, hablando bajo condición de anonimato para discutir asuntos internos, dijo que el borrador se originó con un miembro del Congreso que pidió asistencia técnica para mejorarlo. El funcionario describió su circulación para recibir aportes de las agencias del Poder Ejecutivo como una rutina de cortesía que no debería ser interpretada como respaldo a la propuesta.

La medida emergió en medio de un creciente debate en Washington sobre el poder del Presidente para lanzar una guerra y el papel del Congreso en autorizar el uso de la fuerza militar estadounidense, después de que la Administración Trump inició una campaña mortal contra navegantes en el Caribe.

Los dos ataques a los barcos -en los que murieron lo que Trump ha dicho eran 14 personas acusadas de traficar drogas hacia Estados Unidos- fueron los últimos de una serie de operaciones militares que el Presidente ha llevado a cabo sin autorización del Congreso, aumentando las preocupaciones constitucionales entre algunos legisladores de ambos partidos, que dicen que su rama debería desempeñar un papel más importante en ese tipo de decisiones.

Críticos han dicho también que Trump y el Secretario de Defensa, Pete Hegseth, han dado órdenes ilegales, causando que tropas de Operaciones Especiales apunten contra civiles -incluso si sólo son sospechosos de crímenes- en una aparente violación de las leyes contra el asesinato.

La Guardia Costera de Estados Unidos, con ayuda de la Marina, ha tratado durante mucho tiempo el tráfico de drogas como un problema de aplicación de la ley, interceptando barcos y arrestando a sus tripulaciones si una búsqueda confirmaba sospechas de un contrabando de drogas. Las fuerzas regulares repitieron esa misma estrategia con un barco pesquero venezolano la semana pasada, liberando a su tripulación luego de que las sospechas aparentemente resultaron ser incorrectas.

Pero la Administración ha insistido que Trump tiene autoridad legal, bajo su poder constitucional como Comandante en Jefe, para ordenar a las fuerzas de Operaciones Especiales que maten sumariamente a los sospechosos de tráfico de drogas como si fueran combatientes en el campo de batalla. Citando las cerca de 100 mil muertes por sobredosis de estadounidenses cada año, la Administración ha invocado autodefensa y la ley de conflictos armados.

El Congreso no ha autorizado ningún conflicto armado contra los cárteles de la droga. El borrador de la legislación, que la Oficina de Manejo Presupuesto de la Casa Blanca ha circulado dentro del brazo ejecutivo para comentarios, abordaría esa posible debilidad en el argumento de la Administración, al menos como una cuestión de derecho interno.

Tras el primer ataque contra un barco, el 2 de septiembre, demócratas y algunos republicanos expresaron su preocupación sobre la base legal de la Casa Blanca para el ataque, aun cuando funcionarios de la Administración incluido el Secretario de Estado, Marco Rubio, quien también es el asesor en seguridad nacional de Trump, dijeron que habría más.

El senador demócrata por California Adam Schiff dijo que presentaría una medida bajo la Resolución de Poderes de Guerra, una ley de 1973 destinada a limitar el poder de un Presidente para librar una guerra sin el consentimiento del Congreso, que ordena al Poder Ejecutivo restringir la operación.

Antes de que Schiff hiciera ello, Trump anunció el lunes un segundo ataque mortal contra lo que describió como un barco venezolano en aguas internacionales. Junto con el senador demócrata por Virginia Tim Kaine, Schiff introdujo esta mañana la medida, que ordenaría a la Administración poner fin a cualquier ataque adicional planeado y reafirmar la autoridad del Congreso sobre el uso de la fuerza militar.

La resolución también establece que el Congreso ha recibido información insuficiente sobre los barcos, su nivel de amenaza o las bases legales para utilizar la fuerza en su contra. También reafirma un compromiso para financiar la recopilación de inteligencia, las herramientas diplomáticas y los esfuerzos antinarcóticos para combatir el narcotráfico.