México.- Con la aprobación de la nueva Ley General del Sistema de Seguridad Publica iniciará en el país una “purga” de corporaciones y policías aliados con el hampa y la corrupción, que son enemigos de la lucha contra la delincuencia.

La integrante de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, Yadhira Tamayo, señaló que existe desconfianza ciudadana hacia los policías y de acuerdo con informes oficiales, 50 por ciento de los elementos “no son recomendables para ocupar el cargo”.

“Con la nueva ley que se prevé apruebe esta semana el Senado se fijan las nuevas reglas de organización y coordinación entre el gobierno federal, los estados y municipios en el combate al crimen organizado”, indicó la diputada del Partido Acción Nacional (PAN).

Argumentó que se prevé una reestructuración profunda de las instituciones encargadas de proteger a la sociedad de la delincuencia, “candados” en el uso de recursos de gobernadores y alcaldes, así como sanciones severas a la falsificación de uniformes militares y de policías que usan los delincuentes.

En entrevista en el Palacio Legislativo de San Lázaro, la diputada federal por Michoacán expuso que la nueva ley creará los Centros Nacionales de Información, de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, así como el de Certificación y Acreditación.

“Habrá controles de confianza más estrictos en la contratación, formación y evaluación de policías federales, estatales y municipales. Ya no queremos agentes por necesidad, sino por vocación”, subrayó Tamayo Herrera.

Las autoridades no podrán contratar como agentes policiacos a personas que no cuenten con el registro y certificado emitido por el Centro de Acreditación y Control de Confianza y “habrá penas de cárcel a quien contrate policías no aptos”.

Tamayo Herrera agregó que también se prevé terminar con discrecionalidad de los estados en la aplicación de los recursos federales para seguridad.

“Ya no podrán desviarse recursos para otras áreas o utilizar el dinero destinado a la compra de uniformes, armamento o vehículos, para que los alcaldes se compren autos blindados o para la contratación de escoltas personales”, puntualizó.

Recordó que el Consejo Nacional de Seguridad Pública, que encabezará el presidente de la República, tendrá la facultad de cancelar presupuesto a estados o municipios que incumplan sus obligaciones y aplicación de recursos contemplados en la ley.

“Este es el primer paso en firme para limpiar las policías del país en un proceso que tardará varios años, pero que deberá empezar a dar resultados en los próximos meses”, destacó la legisladora panista.