Torreón.- La admisión de la solicitud de la Alerta de Género para Coahuila sigue un proceso riguroso que implica la creación de un grupo de trabajo interdisciplinario encargado de investigar a fondo la situación en cinco municipios clave: Saltillo, Torreón, Ramos Arizpe, General Cepeda y Acuña. De acuerdo con Mujeres que Luchan por Mujeres, asamblea que solicitó éste mecanismo, el grupo contará con un plazo de 30 días para elaborar un informe detallado que será evaluado por las autoridades federales.

El equipo de trabajo deberá conformarse por 4 investigadores de la materia, 2 a nivel estatal y 2 a nivel nacional, más 4 servidores públicos que laboren dentro de las instituciones implicadas. La CONAVIM, el INMUJERES y la SEGOB deberán de aprobarlos para que comiencen a investigar el contexto de los municipios ya mencionados.

La conclusión del equipo de trabajo determinará la activación de la alerta de género, se espera que para octubre se tenga una respuesta definitiva. En caso de que la alerta sea activada, implicaría sanciones para autoridades estatales y municipales, según declara Sofía Díaz vocera de la asamblea

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¿con la declaración que viene? viene una serie de sanciones de entrada para las autoridades, segundo punto, viene la indicación de realizar una reforma tanto en estructura como en capacitaciones, como en legislación, la mejora de políticas públicas para que vayan enfocadas en el tema de prevenir la violencia”.

La solicitud de la Alerta de Género en Coahuila se sustenta en estadísticas de violencia intrafamiliar, embarazo adolescente, desapariciones forzadas, violencia policial, feminicidios, además del retraso en la legalización del aborto por parte del Congreso de la entidad.

Para que el gobierno del estado pueda cumplir con las recomendaciones que se desprendan de este mecanismo, el gobierno federal otorgaría recurso económico para la entidad, el monto a otorgar depende del tipo de acciones a tomar.

Es importante destacar que la solicitud de la Alerta de Género en Coahuila no es la primera. En 2017, se presentó una petición similar que no prosperó debido a las deficiencias en el mecanismo de evaluación, según señala la asamblea, sin embargo, gracias a las reformas legislativas realizadas en 2022, el proceso se ha fortalecido y ahora contempla sanciones para los servidores públicos que incumplan con las responsabilidades que se les adjudiquen.

Kathia Torres