México, DF.- La resistencia de partidos a ser sometidos a una mayor regulación contra “guerra sucia” y actos anticipados de campaña, entorpeció los acuerdos en el IFE y será hasta el año próximo cuando intenten la firma de un acuerdo de “blindaje” electoral.

En su última sesión plenaria del 2008, el Consejo General del IFE decidió posponer la discusión de reformas al reglamento de su Unidad de Fiscalización y los partidos declinaron emitir un pronunciamiento conjunto contra los poderes fácticos.

Aunque se espera una sesión maratónica, la agenda de temas que se discuten en este momento no contempla siquiera el tema de las personas políticamente expuestas y sólo el PAN emitirá un pronunciamiento al final de la sesión.

La resistencia de algunos partidos ha sido tal, que han empezado incluso a cuestionar la emisión de un reglamento sobre Libertad de Expresión que regule la llamada “guerra sucia”, la difamación y las calumnias entre candidatos y precandidatos.

En la sesión de este lunes, los consejeros discutirán y, en su caso, acordarán los requisitos que los precandidatos deben cumplir al presentar su informe de ingresos y gastos de precampaña, así como las reglas simplificadas y procedimientos expeditos para la presentación y revisión de esos reportes

En el orden del día, como se informó previamente, se presentará un exhortó al Partido del Trabajo y Convergencia, para que cambien la denominación de su solicitud de registro como Coalición Frente Amplio Progresista por otra que no mezcle los vocablos coalición y frente y que no implique el uso de las siglas del FAP.

Como informó este diario la semana pasada, también se discutirán alrededor de 426 quejas relacionadas todavía con la polémica elección presidencial del 2006, con lo que el IFE intentará dejar cerrado ese expediente, aunque resta resolver una impugnación del Consejo Coordinador Empresarial ante el Tribunal Electoral.

Las modificaciones al reglamento de la Unidad de Fiscalización del IFE era el tema más esperado pues se preveía ampliar el espectro de Personas Políticamente Expuestas (PPEx).

Se pensaba incluir no sólo a precandidatos y candidatos como PPEx, sino también a todos los integrantes de los órganos directivos de partido, responsables de órganos de finanzas en el nivel nacional y local, así como a coordinadores de campañas.

Lo anterior, con el objeto de verificar la procedencia lícita de los recursos provenientes del financiamiento privado de los partidos, así como prevenir y detectar actos, omisiones y operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión del delito previsto en el artículo 139 del Código Penal Federal o en los supuestos del artículo 400 bis del mismo.

También se plantea la posibilidad de que los listados de todas estas personas (PPEx) sean “cruzados” no sólo con la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, sino también con el Sistema de Administración Tributaria (SAT) y con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para detectar movimientos irregulares de dinero.

Sin embargo, el IFE y los partidos lo dejarán para el año próximo año.