México, DF.- El subsecretario de Relaciones Exteriores para América del Norte, Julián Ventura, sostuvo que el operativo Rápido y furioso fue un acto ilegal del que el gobierno de Barack Obama se ha desligado, pero acotó que si se excedió el mandato de enviar 2 mil armas de alto poder a México, “tendrá que haber un proceso de una sanción con todo el peso de la ley”.

Al comparecer ante la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, el funcionario dijo que la administración de Felipe Calderón no conoció, avaló ni participó en el operativo.

“Fue un acto ilegal que no podría avalarse y el gobierno de México aguarda a conocer las conclusiones de la investigación en Estados Unidos para actuar con la mayor cotundencia”.

El embajador Ventura insistió que no se modificará la política que impide a agentes de gobiernos extranjeros portar armas en territorio mexicano, y a una pregunta del priísta Miguel Pompa respecto del estatus migratorio del agente de aduanas Jaime Zapata, asesinado en febrero en San Luis Potosí, el diplomático no respondió con precisión:

“El agente Zapata estaba acreditado en los esquemas que establecen las normas de acreditación para las personas que realizan este tipo de funciones, de manera adscrita o temporal”.

Durante la reunión, el presidente de la comisión, Porfirio Muñoz Ledo (PT), sostuvo que el gobierno de México debe modificar su política bilateral con Estados Unidos, pero también el Congreso mexicano. Dijo que el encuentro se da en una etapa difícil, pero abona a tratar de generar una corriente nacional en defensa de los intereses soberanos del país.