Ciudad de México.- En medio de la pandemia de Covid-19 también se reactivó la corrupción de Alcaldías en la Ciudad.

La emergencia por coronavirus casi dejó en la quiebra el negocio de belleza y cosméticos de Juliana y sus socias, Karina, Ivana y Tania. Se aferraron a mantener su única forma de ingresos y para paliar los gastos tuvieron que cambiarse de la Colonia Condesa, en Cuauhtémoc, a la Balbuena, en Venustiano Carranza.

Sin embargo, a 15 días de haber inaugurado, el establecimiento fue clausurado por supuestos incumplimientos de Protección Civil que ellas no reconocen.

Luego de que el personal del Instituto de Verificación Administrativa (Invea) les colocó los sellos de suspensión, acudieron a la Alcaldía en 10 ocasiones pues quisieron interponer una queja por considerar infundada y excesiva la sanción. Pero, lamentan, ninguno de sus recursos procedió.

Intentaron también entregar un oficio y dialogar con Miguel Ángel Gutiérrez Torres, director general de Gobierno y Asuntos Jurídicos para consultar los plazos estimados del cierre y solicitar ayuda para agilizar los trámites.

La respuesta que recibieron fue el clásico “lo revisamos“.

Sólo fue un pretexto para canalizarlas con funcionarias que no se identificaron, pero se encontraban en una oficina de la dirección liderada por Gutiérrez Torres y les ofrecieron reabrir su local sólo a cambio de 15 mil pesos en efectivo, sin comprobante alguno y sin garantía de cumplimiento.

“ Después de todo lo que nos leyeron y nos dijeron que tardaríamos meses, una mujer dijo que nos podían apoyar, que, según, la multa era de 30 mil pesos y que le diéramos la mitad para que nos apoyara”, cuenta una de las socias. 

“ Sé que no está bien, pero ya no podemos más con los sellos, nos hicieron una lista de, según, otras cosas que salieron y que no nos dijeron en la revisión, dijeron que por la pandemia se juntaron muchos locales clausurados que tenían que revisar y que nos tardaríamos más meses”. 

Del pago ya pasaron cuatro semanas sin que hayan podido reabrir y con largas por parte de la trabajadora, por lo que evalúan cerrar de manera definitiva ante la falta de ingresos.

Emery Troncoso Cordourier, director de Apoyo Institucional del Invea, reconoció que han recibido quejas por las sanciones, pero, subrayó, el personal de la dependencia no tiene atribuciones para establecer multas.

Destacó, además, que las empresas cuentan con el derecho para exponer su defensa y subsanar las observaciones. Recurso al que Juliana y sus socias no lograron acceder.

En las últimas semanas, empresarios han acusado excesos por parte de autoridades al realizar el cierre de sus negocios.

Fue el caso del restaurante Los Madereros, en Miguel Hidalgo, y de la Hostería La Bota, en Cuauhtémoc; en este último caso, el Gobierno capitalino determinó que no había razón para la suspensión.