Washington, Estados Unidos.- La administración de Donald Trump volvió a aplicar de manera reservada una norma que restringe el acceso de integrantes del Congreso a centros de detención de inmigrantes, revelaron abogados de legisladores demócratas al solicitar la intervención de una jueza federal.

El reclamo surge luego de que un agente de ICE matara a tiros a la ciudadana estadounidense Renee Good en Minneapolis. Tres días después del hecho, las representantes Ilhan Omar, Kelly Morrison y Angie Craig intentaron inspeccionar una instalación migratoria en un edificio federal de la ciudad, pero se les negó la visita y se les pidió retirarse minutos después de haber ingresado.

Los funcionarios argumentaron la entrada en vigor de una política que exige un aviso de siete días para recorridos de supervisión legislativa. Según los demandantes, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, firmó en secreto un memorando para restablecer ese requisito apenas un día después del tiroteo.

El mes anterior, la jueza Jia Cobb, del Distrito de Columbia, había ordenado suspender temporalmente medidas similares al considerar que probablemente exceden la autoridad legal del Departamento de Seguridad Nacional y obstaculizan la supervisión del Congreso.

En un nuevo escrito judicial, los abogados pidieron una audiencia de emergencia al advertir que la restricción afecta negociaciones clave sobre el financiamiento de seguridad nacional e inmigración para el próximo año fiscal. La jueza aún no emite un nuevo fallo y el gobierno no ha respondido por escrito.

Cobb ya había rechazado el argumento oficial de que una semana de espera no altera las condiciones en los centros, al señalar que estas pueden cambiar rápidamente, lo que impide reconstruir lo ocurrido el día en que se solicita el acceso. Una ley federal prohíbe además usar fondos públicos para impedir visitas de supervisión del Congreso a instalaciones del ICE.