Ciudad de México.- El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reanudó esta martes la discusión sobre si elimina o no la obligatoriedad para que jueces dicten prisión preventiva oficiosa en el País.

Ayer, la discusión en la Corte se quedó a medias. Cuatro ministros rechazaron el proyecto que busca eliminar la prisión obligatoria, mientras que uno se manifestó a favor y los seis restantes darán su posición hoy.

La decisión final en la Corte se conocerá hasta que todos los ministros manifiesten su punto de vista y resuelvan el sentido de su votación.

Sin embargo, el rechazo de ayer de cuatro ministros implica que el proyecto presentado por Luis María Aguilar no tendrá los ocho votos necesarios en la parte que propone dejar de aplicar, por violar derechos humanos, el segundo párrafo del Artículo 19 de la Constitución, que contempla 16 delitos a los que aplica la prisión preventiva “oficiosa”.

Esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador admitió que presionó a los Ministros de la Suprema Corte con respecto a la discusión del proyecto sobre eliminar la prisión preventiva de oficio.

El Mandatario federal insistió en que se tiene que buscar una auténtica legalidad y justicia, pues incluso hay muchos inocentes en prisión.

Ayer, el ministro Luis María Aguilar abrió la sesión y, al presentar el proyecto a discusión, dijo que no pretende eliminar la prisión preventiva, sino dejarla como una medida cautelar que se tiene que justificar en todos los casos, sin que pueda aplicar en automático a ciertos delitos.

En el inicio de la discusión, Esquivel, Ortiz y Alberto Pérez Dayán rechazaron el proyecto que propone que la Corte pueda inaplicar la Constitución.

Sin embargo, en la última intervención del día, González Alcántara abrió la posibilidad de una opción menos radical: que la Corte aclare que prisión preventiva “oficiosa” no quiere decir prisión preventiva “automática”.

Esta propuesta implicaría establecer que los jueces siempre tienen que estudiar de oficio si imponen prisión preventiva, sin que lo pida la Fiscalía, pero valorando las condiciones de cada caso.

González Alcántara consideró que esta interpretación permitiría a la Corte actuar con “prudencia y moderación”.