Puebla.- Empresarios poblanos manifestaron su rechazo a las declaraciones del Gobernador morenista Alejandro Armenta, quien amenazó con expropiar terrenos a grupos inmobiliarios si se niegan a donar suelo para la construcción de viviendas para policías estatales, al advertir que esto atenta contra el Estado de Derecho y el principio de legalidad.

“ Hemos insistido en la necesidad de velar por el Estado de Derecho y por el Principio de Legalidad, donde la autoridad solo puede actuar dentro del marco que la ley le permite”, refirió la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) con sede en Puebla a través de un pronunciamiento.

“ La expropiación, cuando está debidamente justificada por una causa de utilidad pública -como lo es la seguridad-, no es una decisión unilateral, sino un derecho constitucional. Sin embargo, para ejercerlo no basta con una declaración: se requiere el cumplimiento estricto de una serie de requisitos establecidos por la ley”, demandaron.

Al respecto, la cúpula empresarial poblana llamó al diálogo para evitar que se ponga en riesgo el Estado de Derecho y el Principio de Legalidad, los que consideran pilares fundamentales para la convivencia con plena confianza y seguridad.

“ Más aún, considerando la responsabilidad compartida en la gobernanza que hoy caracteriza al Estado de Puebla -y con el cual ciudadanos e instituciones coincidimos-, es fundamental priorizar el diálogo con el fin de construir la confianza y la unión que nuestro país necesita”, expusieron.

“ Consideramos de suma importancia, además de incentivar el diálogo constructivo, promover la inversión -entre otros sectores, la inmobiliaria-, ya que esto genera certidumbre jurídica frente a temores innecesarios. La percepción de respeto al Estado de Derecho y la promoción del diálogo son claves para atraer inversión y fortalecer la confianza”, sostuvieron.

Sobre el fin de la intención de expropiación por parte del Gobierno de Armenta, con viviendas destinadas a elementos de la Policía Estatal, la Coparmex de Puebla recordó que ha promovido acciones que garanticen condiciones dignas la población, especialmente dijo, para quienes arriesgan su vida por la seguridad ciudadana.

En este sentido, recalcó la necesidad de una gobernanza y responsabilidad compartida, principios que denotó como esenciales de la Economía Social de Mercado y de la justicia social que impulsa Coparmex a nivel nacional.

“ Un modelo de país donde nadie se quede atrás y logremos romper con la desigualdad que tanto ha dañado a nuestra sociedad. Asimismo, hacemos un llamado al diálogo para que vivamos en un entorno de justicia social, donde prevalezcan en todo momento la certeza jurídica y el respeto al marco legal como fundamento de cualquier poder político.

“ El sector empresarial poblano está dispuesto a colaborar activamente en la construcción de soluciones que contribuyan a mejorar la seguridad y el bienestar de la ciudadanía, siempre que estas acciones se desarrollen en un entorno de certeza jurídica, respeto a la propiedad privada y compromiso con el desarrollo sostenible”, aseveró.

El posicionamiento del sector empresarial se da en respuesta directa a las declaraciones y ultimátums lanzados por el Gobernador Alejandro Armenta el pasado jueves, cuando dio un plazo de un mes al Grupo Proyecta para que done dos hectáreas de terreno, amenazando con expropiarles el doble de extensión en caso de negativa.

Una advertencia también fue dirigida a la inmobiliaria Haras, instándolas a colaborar oportunamente para evitar ser requeridas por la fuerza. Armenta justificó estas acciones argumentando la necesidad de construir 10 mil viviendas para los policías estatales.

Ayer, el Gobernador Armenta elevó el tono de sus críticas, reprochando que empresarios inmobiliarios hayan adquirido terrenos de ejidatarios a precios irrisorios, “en centavos”, para ahora pretender venderlos en dólares para la construcción de las viviendas policiales.

El Mandatario estatal, auto definiéndose como parte de la Cuarta Transformación, insistió en que continuará con el proyecto de vivienda mediante la expropiación de al menos dos hectáreas en la zona de Angelópolis, calificando la medida como un acto de justicia social y no de presión.

Las amenazas del Gobernador Armenta no pasaron desapercibidas para la Oposición, quienes calificaron sus acciones como un chantaje y un robo a particulares. Legisladores cuestionaron la legalidad y la forma en que el morenista busca obtener los terrenos para su proyecto de vivienda.