Saltillo, Coahuila.- El senador Miguel Ángel Riquelme Solís, del Grupo Parlamentario del PRI, advirtió que las nuevas leyes en materia de seguridad pública e inteligencia “representan un grave retroceso para la democracia, los derechos humanos y la autonomía de estados y municipios”.

Señaló que la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley del Sistema Nacional de Inteligencia consolidan un modelo autoritario al “utilizar la seguridad para controlar, vigilar y reprimir a la sociedad en lugar de protegerla”.

” México no necesita más control desde el poder, sino más justicia desde la ley y lo que propone el partido del oficialismo es un sistema de vigilancia masiva que, en la más completa opacidad y sin controles, dará acceso ilimitado tanto a la Secretaría de Seguridad Pública como al Centro Nacional de Inteligencia para que manejen datos biométricos, fiscales, financieros, médicos, telefónicos y de geolocalización”, dijo.

Durante la reunión extraordinaria de las comisiones unidas de Seguridad Pública y Estudios Legislativos, expresó su voto en contra de ambos dictámenes y denunció que

“a nivel legislativo, ambas leyes han sido impuestas sin el debate y consenso democrático necesarios, incumpliendo procedimientos normativos y marginando voces críticas. Esto refleja un autoritarismo de mayoría que desprecia la pluralidad, la deliberación y la confianza ciudadana”.

Sobre la Ley de Seguridad Pública, advirtió que se amplían las facultades de la Secretaría de la Defensa Nacional y se da a la Guardia Nacional un carácter operativo y de reclutamiento, ignorando que “la Constitución establece en su artículo 21 que la seguridad debe ser una función civil”.

Riquelme afirmó que habla con conocimiento de causa, pues como gobernador de Coahuila enfrentó directamente el tema de seguridad. “La propuesta que ahora se hace, lejos de ofrecer soluciones reales y efectivas para combatir la violencia, consolida la militarización de la seguridad pública”.

Explicó que las reformas “centralizan facultades en el Consejo Nacional de Seguridad Pública, incluyendo la suspensión discrecional de fondos federales a estados y municipios”, lo que vulnera el federalismo garantizado en el artículo 40 constitucional.

También criticó la desaparición del Registro Nacional del Delito de Tortura y la falta de medidas para combatir el feminicidio y proteger a mujeres y niñas, lo que calificó como una muestra de “preocupante insensibilidad ante las violencias estructurales”.

Agregó que “la ley legaliza prácticas de vigilancia sin regulación judicial, autorizando el espionaje de dispositivos personales y la censura, lo que representa una violación clara al derecho a la privacidad y a la protección de datos”.

Sobre la Ley del Sistema Nacional de Inteligencia, señaló que crea un “mecanismo de vigilancia masiva sin controles judiciales efectivos”, que otorga acceso ilimitado a datos sensibles a la Secretaría de Seguridad y al Centro Nacional de Inteligencia.

“Esta norma convierte a toda la población en sospechosa por defecto, quebrantando el principio de presunción de inocencia, previsto en el artículo 20 constitucional”, alertó.

“El tema de la seguridad se debe atender por regiones y según la realidad de cada entidad, pero esta ley difumina las fronteras entre funciones civiles y militares, abriendo la puerta a abusos de poder y la reducción del escrutinio democrático”, sostuvo.

Finalmente, advirtió que “con los citados cuerpos normativos que se pretenden imponer de manera arbitraria, están construyendo una dictadura perfecta, disfrazada de modernización, donde la vigilancia masiva y la militarización serán los instrumentos para silenciar la disidencia y aplastar la esperanza”.