Saltillo, Coah.- Un grupo de abogados litigantes del Distrito Judicial de Saltillo emitió una carta abierta dirigida al gobernador Manolo Jiménez Salinas, al Congreso del Estado y al magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, Miguel Felipe Mery Ayup, en la que manifiestan su rechazo al traslado de juzgados civiles y familiares a la nueva Ciudad Judicial.

En el documento, firmado por profesionistas del libre ejercicio, los inconformes señalaron que la decisión fue tomada “de forma totalmente unilateral”, sin consultar a abogados postulantes ni considerar las necesidades de usuarios y trabajadores del sistema judicial.

Entre los principales señalamientos, expusieron que el complejo carece de capacidad suficiente para atender a las más de 3 mil personas que diariamente acuden a los juzgados, ministerios públicos, defensorías y áreas administrativas relacionadas con la impartición de justicia.

Además, denunciaron que el estacionamiento es insuficiente, pues aunque oficialmente se habla de 400 cajones, aseguraron que en la práctica únicamente existirían alrededor de 200 espacios funcionales, dejando sin opciones a litigantes y ciudadanos.

Los abogados también criticaron la ubicación del inmueble, al señalar que se encuentra sobre el bulevar Fundadores, a unos siete kilómetros del centro de Saltillo y sin rutas de transporte público cercanas, lo que obliga a los usuarios a trasladarse en vehículo propio o taxi.

Otro de los puntos expuestos fue el mecanismo de acceso al edificio, pues afirmaron que para ingresar es necesario realizar solicitudes previas mediante un portal digital, situación que, aseguran, dificulta el acceso a ciudadanos y abogados foráneos.

En la carta, los litigantes calificaron esta situación como una “denegación de justicia”, argumentando que obstaculiza el acceso a la función jurisdiccional y complica la realización de trámites.

También señalaron retrasos prolongados en procedimientos civiles y familiares, indicando que audiencias y acuerdos llegan a demorarse durante meses o incluso años, lo que consideraron contrario al principio constitucional de justicia pronta y expedita.

Los firmantes cuestionaron además la implementación de modelos virtuales de impartición de justicia, al considerar que el Poder Judicial no cuenta con la infraestructura técnica ni humana suficiente para operar adecuadamente este sistema.

En otro apartado, acusaron que diversos proyectos impulsados dentro del sistema judicial han resultado ineficientes o sin funcionamiento, como salas de audiencia virtual y otros espacios administrativos.

La carta también incluye una petición para que autoridades estatales promuevan una auditoría externa “real, completa y exhaustiva” sobre la gestión administrativa y financiera del Poder Judicial de Coahuila y del magistrado presidente Miguel Felipe Mery Ayup.

Finalmente, solicitaron que se reconsidere el traslado de los juzgados civiles y familiares a la Ciudad Judicial y que el actual Centro de Justicia continúe operando con adecuaciones técnicas y modernización de infraestructura.