Monclova, Coah.- Debido a que se les pretende liquidar conforme al salario base y no al integrado, más de 800 jueces y magistrados cesados del Poder Judicial de la Federación se unirán para no aceptar ese ofrecimiento, ya que implicaría que se les dejaran de pagar dos terceras partes de lo que les correspondería de acuerdo a la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Esto lo manifestó la ex titular del Juzgado Cuarto de Distrito en Monclova, María Inés Hernández Compeán, quien participó en la marcha que ex jueces y ex magistrados federales realizaron el 12 de noviembre en la Ciudad de México, para exigir una justa liquidación.

Aunque el Poder Judicial de la Federación emitió un comunicado informando que el 10 de diciembre serán liquidados, dijo que no se precisó si se les liquidará con base en el salario integrado establecido en el artículo décimo transitorio y vigésimo de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

Explicó que dicha ley señala que se les debe liquidar con tres meses de salario y 20 días por año laborado, pero temen que eso se pague conforme al salario base y no el integrado.

Afectados se unirán

Ante tal situación, dijo que todos los afectados se unirán para no recibir la liquidación, pues si lo hacen, implicaría que sólo reciban un tercio de lo que legalmente les corresponde como liquidación.

Y es que dijo que el salario base de los ahora ex funcionarios, era bajo, lo que lo elevaba eran varias prestaciones, entre las que destacó el del riesgo que corrían al desempeñar sus funciones.

Comentó que se les está citando en un determinado lugar para que los más de 800 jueces y magistrados cesados cobren la liquidación en un mismo día y les pidieron que lleven determinada documentación y un testigo.

Añadió que eso les parece extraño, porque en un solo día pretenden liquidar a más de 800 ex funcionarios federales, como diciéndoles “o lo tomas o lo dejas”.

Agregó que por eso no aceptarán la liquidación si no se les garantiza que será con base en el salario integrado, ya que de lo contrario, tendrían que promover amparos para demandar que se les pague el monto restante, los que no conseguirían por parte de jueces federales del Bienestar.