México.- La Coalición de Grupos a Favor de la Vida rechazó que haya bases para afirmar que las legislaciones que protegen la vida desde la concepción criminalizan a las mujeres.

En comunicado, el organismo de la sociedad civil destacó que las reformas en este sentido son para apoyar a la mujer y orientarla, además de generar políticas públicas que garanticen el acompañamiento del Estado y la sociedad durante el embarazo.

Precisó que las mujeres mexicanas requieren de atención médica y acompañamiento, a fin de evitar obstáculos para ser madres y exhortaron a no “manipular la información” o politizar hechos como el ocurrido en Baja California.

Refirió que el 23 de octubre de 2008 el Congreso de Baja California aprobó por mayoría la reforma que elevó el derecho a la vida a rango constitucional.

Cinco meses después de que una joven ocultara su embarazo, cortara el cordón umbilical y pusiera a su bebé de ocho meses de gestación en una bolsa de plástico a la intemperie, recordó.

En este caso, la mujer fue acusada de homicidio agravado en razón de parentesco de acuerdo con la normatividad vigente y no se debe politizar.

La Coalición subrayó que el Código Penal del Estado sólo contempla excusas absolutorias para la mujer que recurra al aborto siempre que haya sido producto de una violación.

De igual manera por malformación congénita del bebé, peligro de vida para la madre y por inseminación artificial sin autorización, lo que no aplica tratándose de homicidio en razón de parentesco.

Sin embargo, los grupos de la sociedad civil de esa entidad reiteraron que en este momento, lo más importante es brindarle atención en materia de salud y acompañamiento a esa joven.

Asimismo al igual que otras mujeres que han atravesado por procesos similares, quienes requieren de atención médica especializada.

Casos como el de esta mujer son utilizados para confundir a la sociedad, al asegurar que su condena es producto de la reforma a favor de la vida y por haber sufrido un “aborto espontáneo”, cuando se demostró que los hechos sucedieron cinco meses antes de que el Congreso del Estado aprobara las reformas, agregó.