Ciudad de México.- Con la demanda de más recursos para el próximo ejercicio fiscal, la Secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena y funcionarios del sector defendieron la iniciativa de la Presidenta Claudia Sheinbaum que plantea cambios en la evaluación del impacto de megaproyectos.

Al abrir las audiencias públicas para analizar la propuesta en la Cámara de Diputados, Bárcena reconoció que el de medio ambiente es un sector que no cuenta con todos los recursos que debería, por lo que pidió a las y los legisladores su ayuda, de cara al análisis del presupuesto para el próximo ejercicio fiscal.

“Desde la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales estamos muy comprometidos, de verdad. Sabemos que es un sector que no tiene quizás todos los recursos que deberíamos, se va a discutir aquí también, pero espero que los diputados nos ayuden tantito, tantito verdad”, dijo.

Barcena aceptó que la propuesta de incorporar en una nueva Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección del Medio Ambiente el concepto de “Evaluación Estratégica Ambiental” ha creado confusión.

De acuerdo con la propuesta que sustituye la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, publicada en 1988, señala que el objetivo de este procedimiento es identificar y prevenir efectos ambientales en las primeras fases de políticas públicas y proyectos estratégicos, incluidos los de competencia federal, incluidos los relacionados con los sectores de energía, infraestructura, agua, turismo, transporte, desarrollo urbano y ordenamiento territorial.

La Secretaria aseguró que este mecanismo no sustituye la manifestación de impacto ambiental, sino que la complementa.

“La evaluación ambiental estratégica es una herramienta para hacer planeación preventiva, pero no sustituye la manifestación de impacto ambiental, no, no, no. Cada proyecto tiene que ser evaluado en su justo valor, cada proyecto, pero tener una visión de planeación estratégica”, dijo.

Bárcena detalló que entre los aciertos de la propuesta incorpora nuevos conceptos, como “restauración” y “adaptación”, a través del cual se reconoce que el cambio climático “ya nos alcanzó”.

La diputada de Movimiento Ciudadano, Irais Reyes, afirmó que aunque la incorporación de la Evaluación Estratégica Ambiental es un avance largamente demandado, la iniciativa lo hace de una manera que podría sustituir y no complementar la evaluación de impacto ambiental.

“Este instrumento debe servir para intervenir en la fase de planeación, no en la fase de autorización de proyectos concretos, así se corre el riesgo de convertirse en un atajo para proyectos de gran escala”, advirtió.

La legisladora reconoció que si bien la iniciativa incorporar principios valiosos, como el interés superior del ambiente, la protección a los polinizadores y la integración de sectores energéticos, como el energético, minero y costero dentro del marco ambiental, existe preocupación respecto a temas como la evaluación ambiental estratégica.

Agregó que en el procedimiento de evaluación de impacto ambiental la iniciativa amplía actividades sujetas evaluación, pero también introduce supuestos de exención ambiguos, como la aportación ambiental neta, que podrían permitir que proyectos con impactos significativos evadan el análisis preventivo.

Además, dijo, se mantiene la posibilidad de regularizar las obras iniciadas sin autorización, lo cual contradice el principio preventivo y premia el hecho consumado y propone limitar la periodicidad de los informes ambientales, exigir motivos para solicitar información y trasladar costos a las personas solicitantes, lo que es incompatible con los principios de máxima publicidad y con la obligación del Estado para garantizar un entorno seguro para personas defensoras de derechos ambientales.

“Esta iniciativa contiene avances si hay que reconocerlos, pero también vacíos y riesgos que deben corregir y qué bueno que hay la apertura para hacerlo con estas mesas de trabajo”, señaló.

La titular de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa), Mariana Boy, aseguró que la iniciativa refuerza el trabajo de la institución a su cargo.

Explicó que con la iniciativa la Profepa cambia de denominación a Procuraduría Federal de Justicia Ambiental, además de que se crea el procedimiento de investigación, que le brinda facultades para recabar información a través de herramientas tecnológicas, fotografías, drones, mapas, sistemas geográficos y, a partir de esa información iniciar procedimientos.

Actualmente, contrastó, la Profepa no puede iniciar procedimientos contra presuntos infractores hasta que un inspector llega al sitio para realizar una visita ocular, lo que retrasa la actuación de la autoridad y facilita la continuación del daño ambiental.

Agregó que la iniciativa considera mecanismos de certificación de desempeño ambiental, crea medidas anticipadas que le permitirán a la autoridad actuar bajo el principio precautorio en cualquier momento para contener afectaciones ambientales y considera reglas para la reparación del daño por parte de los responsables como parte de los procedimientos administrativos de la Procuraduría.

Boy señaló que la iniciativa incrementa de manera significativa las multas e incluye nuevas sanciones, como la creación de un Registro de Infractores Ambientales que será público y cuya inscripción provocará que los infractores no puedan acceder a beneficios o apoyos gubernamentales durante un periodo de tiempo.

La procuradora coincidió con Bárcena en la necesidad de más recursos para el sector y secundó el llamado a los legisladores.

“El fortalecimiento institucional pasa por muchas tareas y una de ellas, desde luego, un tema muy importante, es tener un presupuesto que nos permita cumplir con las funciones de manera óptima y para lo cual siempre pedimos apoyo de los diputados”, dijo.