Nuevo León.- La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó un recurso de reclamación promovido por el Congreso Local para avanzar con el proceso de designación de Fiscal General, que permanece detenido por una suspensión otorgada por un Juez al Gobernador Samuel García.

En el acuerdo se declaró que el recurso es procedente, pero infundado, por lo que la Corte ratificó la suspensión otorgada por el Ministro Luis María Aguilar al Gobierno Estatal, en noviembre del año pasado.

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Se declaró procedente, pero infundado el presente recurso de reclamación y se confirma el acuerdo recurrido”, establece el oficio, “dictado en el incidente de suspensión de la controversia constitucional al rubro indicada”.

El 24 de noviembre, la Suprema Corte otorgó una suspensión al Gobierno de Nuevo León que frena al Congreso local la designación del nuevo Fiscal General.

García interpuso una controversia el 15 de noviembre para tumbar todo el proceso para nombrar al sucesor de Gustavo Adolfo Guerrero, que renunció el 5 de octubre.

Inconforme con la resolución , el panista Mauro Guerra, quien es presidente del Congreso, promovió un recurso de reclamación.

Dicho recurso es el que la Corte declaró procedente, pero infundado, ya que en la exposición de motivos el Poder Legislativo argumenta, entre otras cosas, “que la suspensión afecta a las instituciones fundamentales del orden jurídico mexicano, específicamente, al Sistema Estatal Anticorrupción”.

En ese sentido, la Corte descartó afectaciones, pues la Ley contempla la designación de un Fiscal interino, el cual asume todas las facultades y responsabilidades de la Fiscalía.

El proceso para nombrar al nuevo Fiscal ha sido objeto de polémicas desde su inicio y ha sido impugnado por amparos.

Aunque se presentaron 63 aspirantes, el Congreso eligió una lista de cuatro finalistas -todos hombres- integrada por el priista Adrián de la Garza y tres de sus cercanos colaboradores.

García vetó a De la Garza, que fue su rival en la elección para Gobernador del 2021, pero busca reponer todo el proceso.

Al presentar la controversia, el Gobernador alegó que la mayor ilegalidad es que se violan las Constituciones federal y estatal al no respetar criterios de paridad en los finalistas.